Gobiernos del PP avisan de que la ley que frena a universidades privadas crea inseguridad

Madrid, 8 may (EFE).- Gobiernos autonómicos del PP, como el de la Comunidad de Madrid, y algunas universidades privadas han avisado de que el decreto que hoy analiza la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) podría crear inseguridad jurídica si tiene efectos retroactivos.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, informa esta tarde a las comunidades autónomas sobre un nuevo cambio que propone el Ejecutivo para que los requisitos que endurecen la creación de nuevas universidades afecten a los procedimientos que ya están abiertos y no han recibido todavía el informe preceptivo de la CGPU.

De esta forma, 10 solicitudes de universidades privadas procedentes de Madrid, Extremadura, Aragón, Baleares y Canarias tendrán que recibir también el informe favorable de la agencia de calidad de su territorio, que a partir de la entrada en vigor de la ley será vinculante.

Sin embargo, varios consejeros que acuden esta tarde a la reunión que se celebra en Paterna (Valencia) han alzado la voz para oponerse a un decreto que consideran que no puede ser retroactivo y que genera inseguridad jurídica.

"Va en contra del sistema universitario y en contra de la Constitución y las leyes, ya que aplica la retroactividad en ámbitos absolutamente impensables", ha señalado el consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana, al tiempo que ha añadido que rechazarán el decreto que además afecta a varias universidades que ya están funcionando en Madrid.

En este sentido, la comunidad madrileña ha dado un paso más con los trámites para que el Instituto de Empresa (IE) se convierta este año en la decimocuarta universidad privada de la región.

El Consejo de Gobierno ha recibido ya el informe relativo a la elaboración del anteproyecto de Ley de Reconocimiento de este centro, que culminará con la aprobación del proyecto de Ley por este organismo y su posterior debate y aprobación definitiva en la Asamblea de Madrid.

No obstante, la conversión del IE en un centro universitario no forma parte de los 10 expedientes afectados por el decreto, ya que en este caso el Instituto de Empresa ya había recibido los preceptivos informes de la Conferencia General de Política Universitaria -en marzo de 2024 y favorable-, de la Fundación madri+d y de la Secretaría General Técnica y la Dirección General de Infraestructuras, también positivos.

Son varias las comunidades gobernadas por el PP que ya han mostrado su rechazo a la nueva ley, que exige tener un mínimo de 4.500 alumnos en los 5 primeros años de ejercicio o garantizar un mayor porcentaje de su presupuesto a la investigación.

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Comunitat Valenciana, José Antonio Rovira, ha mostrado recientemente "el malestar" que generó este proyecto porque "la ministra pretende que el Estado asuma competencias que corresponden a las comunidades autónomas, vulnerando así la Ley Orgánica del Sistema Universitario -LOSU- e incluso el Estatut d’Autonomia, razón por la que desde la Conselleria presentamos alegaciones, al igual que otras regiones".

Desde el País Vasco, el viceconsejero de Universidades, Xabier Aizpurua, del PNV, considera que el nuevo decreto "altera el régimen jurídico universitario, invade atribuciones que corresponden a las comunidades autónomas" y genera "un entorno normativo restrictivo" que dificulta la incorporación de nuevas universidades al sistema.

Lo cierto es que el decreto todavía tiene que pasar por el Consejo de Estado antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros, previsiblemente a principios de junio, según fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Además, en la reunión de esta tarde la ministra también expondrá las alegaciones que ha registrado la comunidad educativa al borrador del decreto y el Ministerio no descarta que alguna pueda ser incluida. EFE