El CGPJ encara hoy su tercer debate sobre puestos clave del Supremo sin expectativa de acuerdo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará este miércoles un Pleno donde, por tercera vez, figura en el orden del día el nombramiento de dos puestos clave en el Tribunal Supremo (TS) --las presidencias de las salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo--, pese a lo cual las expectativas de acuerdo son "muy pocas" porque los bloques progresista y conservador siguen aferrados a sus candidatos, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, volvió a introducir el asunto tras dar un ultimátum a los 20 vocales --diez progresistas y otros tantos conservadores-- para que llegaran a un acuerdo en el mes de mayo, advirtiéndoles de que estos dos nombramientos no pueden quedar pendientes 'sine die'.

Sin embargo, desde el pasado 9 de octubre, cuando se convocaron las plazas, ha habido pocos avances. Los vocales progresistas defienden las candidaturas de Ana Ferrer y Pilar Teso, mientras que los conservadores respaldan a Andrés Martínez Arrieta y a Pablo Lucas como presidentes de las salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo, respectivamente.

Desde el ala conservadora, reivindican la calidad y veteranía de Martínez Arrieta y Lucas, que ya ejercen interinamente como presidentes de sus respectivas salas y están cercanos a la jubilación, lo que añade el argumento de que sería el "corolario" a su carrera profesional, motivo que ha llevado a otros magistrados a no postularse, "por respeto".

En el otro extremo, los progresistas sostienen que la excelencia se presupone a los cuatro candidatos, porque "todos vienen avalados por el TS", y que las plazas deben adjudicarse por el proyecto para las salas Segunda y Tercera y el tiempo para desarrollarlo, algo que jugaría a favor de Ferrer y Teso, que tendrían por delante los cinco años de mandato completos.

Ambos lados se reprochan la negativa a negociar y lo cierto es que subyacen varios obstáculos, entre ellos el firme rechazo de los conservadores a Ferrer, a la que ven como "la candidata de Cándido Conde-Pumpido"; la "animadversión" de Perelló a Teso, que no la veta pero mina su candidatura; y la regla de paridad, que los conservadores interpretan para el conjunto de la carrera judicial y los progresistas quieren aplicar a cada grupo de plazas, de modo que estas sean para mujeres.

Así las cosas, las fuentes consultadas por Europa Press ven "complicado" el acuerdo en este Pleno, que serviría únicamente para poner a contar el marcador y que se produzca la primera votación, aunque sea fallida, ya que de llegar hasta tres podría tener que reiniciarse el proceso, con la posibilidad de que concurran estos y otros candidatos.

No obstante, sobre este punto también hay discrepancias porque, aunque el artículo 44 del Reglamento del CGPJ establece esa 'hoja de ruta', en el caso de que sean votaciones que requieran mayoría cualificada, como esta, deja en manos del Pleno cómo proceder, por lo que se espera que este extremo también sea objeto de debate este miércoles.

DOS RETIRADAS A TIEMPO

Es la tercera vez que Perelló introduce este asunto en Pleno. La primera vez fue el pasado 26 de febrero, cuando logró que, entre otros cargos, los vocales designaran al conservador Ignacio Sancho --candidato único-- para la Presidencia de la Sala de lo Civil del TS y a la progresista Concepción Ureste, al frente de la Sala de lo Social, en detrimento del aspirante conservador, Juan Molins, pero se vio obligada a retirar del orden del día las otras dos plazas.

Entonces, en el bloque progresista no pocas voces advirtieron de que desgajar las presidencias de las salas Primera y Cuarta del 'pack' de cuatro que constituían con las vacantes análogas en la Segunda y la Tercera era un error porque en estas últimas los candidatos conservadores, Martínez Arrieta y Lucas, ya ejercen de forma interina sus presidencias, por lo que el sector conservador perdía así cualquier incentivo para cambiar una situación que 'de facto' le beneficia.

Perelló lo intentó por segunda vez el pasado 1 de abril, pero la falta de avances hizo que volviera a retirar el asunto del orden del día para sacar adelante otros 18 nombramientos discrecionales, incluidas las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Asturias y Murcia.

La importancia de esas dos salas concretas reside en que la de lo Penal es la llamada a investigar y, en su caso, juzgar a los aforados, lo que incluye miembros del Gobierno, senadores y diputados, entre otros altos cargos, como el fiscal general del Estado; mientras que la Sala de lo Contencioso-Administrativo es la encargada de controlar la legalidad de las decisiones del Ejecutivo a través de los recursos que se planteen.

Cabe recordar que el acuerdo entre progresistas y conservadores --empatados con diez vocales cada uno-- es imprescindible para llevar a cabo unos nombramientos que deben contar al menos con 13 apoyos.