Madrid, 28 abr (EFE).- La Comunidad de Madrid afronta este lunes su primera huelga general educativa en doce años, a la que están llamados alumnos, profesores y personal de administración y servicios ante el "avance del proceso de desmantelamiento" de la educación pública y los "ataques del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso", según los convocantes.
Bajo el lema 'Salvemos la educación pública', esta huelga general educativa, que no se convocaba en la región desde 2013, pretende ser "histórica" pese a que los sindicatos convocantes son minoritarios (CGT, CNT, STEM y Solidaridad Obrera), aunque podría amplificarse en las universidades por el rechazo a la nueva ley regional que, aseguran, "recortará la financiación y la autonomía universitarias".
A las 18:00 horas, una manifestación unitaria partirá desde Atocha a Sol, convocada por una veintena de organizaciones, entre sindicatos, colectivos estudiantiles y docentes.
Para el consejero madrileño de Educación, Emilio Viciana, "no hay motivos" para esta huelga y resulta "lamentable utilizar la educación con fines políticos". Además de firmar recientemente un acuerdo sectorial con los grandes sindicatos de la enseñanza no universitaria, la consejería "está trabajando ya con los rectores de las universidades públicas para crear un modelo de financiación".
La Universidad Complutense es la única que ha pactado servicios mínimos para asegurar el acceso a "espacios y edificios" en los campus de Moncloa y Somosaguas a quienes decidan "libremente no secundar la huelga", y es la universidad donde más decanos han expresado apoyo a la huelga, al menos quince.
Los piquetes informativos empezarán temprano en los campus para informar de la Ley de Enseñanzas Superiores que prepara el Gobierno regional, y habrá "pasacampus" y concentraciones en la Complutense (UCM), Autónoma (UAM), Carlos III y Alcalá.
Las movilizaciones responden a "dos motivos fundamentales: la asfixia económica de las universidades y el ataque frontal" que supondrá la Ley de Enseñanzas Superiores (Lesuc), cuyo borrador suscita "preocupación" en los campus, asegura UAM por la Pública.
La reducción de la financiación pública al 70% obliga a las universidades a obtener el 30% restante de fuentes externas como "fondos de inversión", aumentando el peso de las empresas en las decisiones de los Consejos Sociales que podrán nombrar un Interventor y "vetar el presupuesto" de una universidad, añaden.
La regulación conjunta de las enseñanzas superiores "desdibuja los estudios universitarios, su tratamiento y su distinta naturaleza". La puesta en común de infraestructuras de las universidades públicas podría ser "rentabilizada" por las privadas, que están sobre-representadas en la ley, según UCM por la Pública.
Para la plataforma Menos Lectivas, la huelga evidencia el "descontento" con el acuerdo firmado por la Consejería de Educación y los sindicatos de la Mesa sectorial (CCOO, ANPE, CSIF y UGT), que aceptaron "unas migajas" rechazadas por la mitad de los docentes consultados en referéndum, aseguran. EFE
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