Mazón apuesta por un frente social, económico e institucional contra el cierre de las nucleares en España

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha exigido al Gobierno que prolongue la vida útil de la central nuclear de Cofrentes más allá de 2030, "porque se ha demostrado que es una fuente energética sostenible y primordial para el desarrollo económico y social de nuestro territorio".

En este sentido, ha expresado su compromiso para "hacer un frente común social, económico e institucional" a favor de la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas, como Cofrentes y Almaraz (Cáceres). Ha apelado "al diálogo y el consenso" con las comunidades autónomas en lugar de "una política energética a espaldas de las autonomías porque afecta a la competitividad del conjunto de España".

Así se ha manifestado tras una reunión con el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, en la que han analizado el informe elaborado por la institución cameral para reclamar la moratoria de la central nuclear de Cofrentes, informa la administración autonómica.

Mazón ha defendido la necesidad de "mantener a corto y medio plazo la energía generada por la planta de Cofrentes, que aporta el 45% de la producción eléctrica de nuestro territorio, contribuye a estabilizar los precios de la electricidad y garantiza la actividad de nuestros sectores industriales".

Según apunta la Generalitat, el informe de la Cámara señala que el cierre de Cofrentes implicaría un "serio riesgo" para la operatividad de más de 12.000 empresas industriales altamente dependientes del suministro eléctrico, que generan 184.000 empleos directos y condicionan 235.000 empleos indirectos.

En concreto, sectores como la industria química, cerámica, metalúrgica, alimentaria y del plástico serían los más afectados, al asumir incrementos de costes energéticos y una pérdida de competitividad exterior, de acuerdo a este informe.

Ante estas previsiones, el jefe del Consell ha pedido asegurar en la Comunitat Valenciana "un suministro energético estable y avanzar en la soberanía energética para seguir atrayendo inversiones que creen empleo y riqueza porque es la antesala de mejores políticas sociales".

Al respecto, el estudio de Cámara estima que la clausura de la central de Cofrentes supondría renunciar a 450 millones de euros de inversión en la próxima década, así como a "importantes ingresos tributarios y al posicionamiento estratégico de la Comunitat Valenciana en materia energética", algo que según Mazón "no nos podemos permitir".

PIDE AL MITECO UNA MORATORIA CON ANTELACIÓN

Por eso ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica que "revise el calendario de cierre previsto, acepte una moratoria con el tiempo suficiente de antelación y abandone los prejuicios ideológicos hacia una energía sostenible por la que están apostando otros países como Reino Unido y Suecia".

Mazón también ha coincidido con la Cámara de Comercio en la necesidad de revisar la fiscalidad de Cofrentes, al considerar que está siendo penalizada con impuestos específicos que distorsionan su competitividad y desincentiva su explotación económica por las operadoras.

Además, ha abogado por simplificar los trámites burocráticos relacionados con el Pacto Verde Europeo, aumentar las inversiones públicas y privadas en innovación en este campo y acelerar el despliegue de energía renovable en coexistencia con la energía nuclear.

Así ha trasladado "la firme apuesta de la Generalitat por avanzar en un modelo energético que combine las energías renovables como la solar, la eólica, y el hidrógeno verde, junto a otras como la nuclear, para reforzar nuestro sistema eléctrico y ganar en soberanía energética para no depender del exterior".

En esta línea, ha reiterado el compromiso del Consell por facilitar una transición energética "justa, rigurosa y necesaria", para lo que ha puesto en valor medidas como el decreto-ley de simplificación administrativa por "acortar plazos, eliminar trabas y agilizar la tramitación que están dando resultados hacia ese modelo energético sostenible".

En un año, destacan desde la administración autonómica, la Generalitat ha comenzado a tramitar 181 expedientes de instalaciones fotovoltaicas y se han autorizado 74 parques con una potencia de 1.200 megavatios.

Por contra, Mazón ha lamentado que "los años de colapso del anterior equipo de gobierno no han permitido aprovechar todo el potencial de nuestro territorio que cuenta con 300 días de sol al año, una orografía idónea para el aprovechamiento eólico y unas empresas de referencia y vanguardia".