Madrid, 19 abr (EFE).- Un mes después de la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), Cantabria y Asturias han tomado la delantera en los planes de control de la especie, con la aprobación de cuotas específicas de caza.
Mientras, los grupos opuestos a la medida intentan frenarla con iniciativas ante las administraciones, el Defensor del Pueblo o la Comisión Europea.
El pasado 20 de marzo se aprobó en el Congreso la exclusión del lobo del Lespre mediante una enmienda del PP a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, con los votos a favor de Vox, Junts y PNV. Las poblaciones al norte del río Duero son las afectadas.
La Ley entró en vigor el 2 de abril, con su publicación en el BOE, entre los aplausos de los ganaderos y las críticas de las asociaciones ecologistas.
La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, afirmó que la decisión se había tomado de forma "precipitada e irresponsable", antes de tener el censo del lobo en España, y añadió que su departamento actuaría para revertir la situación.
Desde entonces, en Cantabria y Asturias se han aprobado cuotas de caza de 41 y 53 lobos, respectivamente.
El Gobierno cántabro, que considera que el lobo estaba "hiperprotegido", anunció desde el primer momento que iría "a máximos" en la aplicación del cupo de extracción del 20 % de los ejemplares. El mismo día que la Ley se publicó en el BOE, el gobierno de María José Sáenz de Buruaga publicó un Boletín de Cantabria extraordinario con las cuotas de caza, válidas hasta el 31 de julio de 2026.
En Asturias, el Gobierno del Principado autorizará la extracción de un máximo de 53 lobos hasta el 31 de marzo de 2026.
Tras presentar el programa anual de control previsto en el Plan de Gestión del Lobo, el Ejecutivo autonómico anunció el 10 de abril que en unos quince días firmaría la resolución para anunciar el inicio de las capturas, empezando por las zonas más afectadas por los ataques.
Galicia permite la caza "en casos muy concretos", Castilla y León "no parará aquí"
La Xunta de Galicia ha reactivado el control del lobo ibérico mediante una modificación de su orden anual de vedas, con lo que pasa a ser una especie cinegética en casos "muy concretos de daños recurrentes".
La orden especifica que el lobo podrá ser objeto de esperas, batidas y monterías durante todo el año salvo en los meses de abril, mayo y junio, en los que solo se permitirá la espera, siempre con constatación de los daños.
Para Castilla y León, las medidas relativas al norte del río Duero son insuficientes.
"No pararemos aquí, la siguiente fase es que se extienda al sur del Duero", fue la reacción inmediata del portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, tras conocer la salida del lobo del Lespre.
Desde entonces, el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha estimado que será "hacia la mitad de este año o un poco más allá" cuando se empiece a abordar el control del lobo "de forma responsable", y el director general del Medio Natural, José Ángel Arranz, ha animado a ganaderos y conservacionistas a "dialogar sin extremismos ni posturas radicales" sobre el lobo y los daños que causa a la ganadería.
Satisfacción de COAG y Asaja, enfado de ecologistas
Las organizaciones agrarias COAG y Asaja figuran entre los colectivos que han mostrado su conformidad con la nueva situación, tras aludir a un aumento del 40 % de los ataques del lobo al ganado desde su inclusión en el Lespre en 2022.
En cambio, Ecologistas en Acción, WWF y Alianza Verde, entre otros, han condenado la pérdida de la protección especial del lobo y han hablado de "retroceso histórico" carente de base científica.
El pasado 6 de abril varios grupos ecologistas convocaron manifestaciones en distintas ciudades españolas que reunieron a centenares de personas al grito de 'Matar lobos no es la solución'.
La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo (Ascel) y Ecologistas en Acción presentaron recursos ante el Gobierno de Cantabria para suspender las extracciones del lobo, el primero de ellos ya desestimado.
También ha presentado Ascel una denuncia ante la Fiscalía por presunta prevaricación contra el director general de Biodiversidad cántabro, Ángel Serdio, de la que en la Consejería no tienen aún notificación.
Podemos ha solicitado al Defensor del Pueblo que investigue la constitucionalidad de las enmiendas de la Ley y este partido, junto con Alianza Verde, ha presentado una pregunta ante la Comisión Europea con el fin de conocer si se ajusta al derecho comunitario la decisión de cazarlos. EFE
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Cód. 22710886 y otros)
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