Sara Aagesen: Fragmentar proyectos de plantas solares "es un fraude de ley"

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Jaén, 14 abr (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha calificado como “un fraude de ley” la autorización que la Junta de Andalucía ha hecho sobre distintos proyectos fragmentados de plantas fotovoltaicas en la Campiña de Jaén.

“El Gobierno es competente en los parques solares de más de 50 megavatios y por debajo de esta cantidad es competencia de la administración autonómica”, ha indicado Aagesen en Jaén al ser preguntada por la denuncia de olivareros contra la Junta de Andalucía por presunta prevaricación ambiental en estos proyectos.

“La fragmentación es un fraude de ley”, ha recalcado la ministra, para añadir a continuación: “cualquier fraude de ley que sea detectado por cualquier sector, como agricultores o la sociedad civil, lo que tiene que hacer la ministra es denunciarlo y que sea la ley la que dirima si realmente hay fraude de ley”.

Aagesen ha subrayado que el Gobierno de España “está a favor del cumplimiento estricto de la ley con las máximas garantías ambientales”.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Andújar (Jaén) instruye la denuncia penal por posibles delitos contra la flora y la fauna y prevaricación ambiental interpuesta por la plataforma Campiña Norte contra la instalación de varias megaplantas fotovoltaicas en los municipios jiennenses de Lopera, Arjona y Marmolejo.

La denuncia de la plataforma de agricultores afectados por las expropiaciones de miles de olivos se dirige contra las delegaciones de Economía y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Jaén y también contra las empresas promotoras de los proyectos, Greenalia Solar Power y FRV Arroyadas.

Tras la apertura de diligencias judiciales para investigar los hechos la plataforma entiende que los ayuntamientos deberían de abstenerse ahora de otorgar licencia alguna y, en caso de haberlas concedido, parar de inmediato dicha licencia para las obras por entender que en caso de prosperar la denuncia tendrían responsabilidad penal y civil por todos los daños ocasionados por las obras. EFE

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