Elevan al Congreso la ILP andaluza que pide "coordinación" entre CCAA para los procesos de selección de docentes

La comisión promotora que recientemente ha impulsado desde Andalucía una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para garantizar el "principio constitucional de coordinación" entre las administraciones autonómicas a la hora de planificar las convocatorias de acceso a los cuerpos estatales de funcionarios docentes, ha elevado al Congreso de los Diputados una iniciativa similar que propone una reforma puntual de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), con un fin en la misma línea.

La Mesa del Congreso de los Diputados, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, admitió a trámite el pasado 28 de marzo el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de esta ILP, y así acordó comunicarlo a la Comisión Promotora de la iniciativa, a la Junta Electoral Central y al Senado.

También la Mesa del Parlamento de Andalucía admitió a trámite --el 26 de febrero de este año 2025-- la ILP de la misma comisión promotora que, en ese caso, plantea una reforma puntual de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, para que dicha norma "contemple la obligación de que los procesos selectivos de ámbito autonómico promovidos por la Administración educativa andaluza para el acceso a los cuerpos estatales de docentes no universitarios en Andalucía estén siempre planificados con el resto de territorios de todo el Estado, en atención al principio constitucional de coordinación que debe guiar los actos de la administración pública".

La Junta Electoral de Andalucía ya se ha pronunciado sobre esta iniciativa y, en sesión celebrada el pasado 4 de marzo, acordó "notificar a la Comisión Promotora" de la ILP la "admisión" de la misma, "al objeto de que proceda a la recogida de las firmas requeridas" en un plazo de seis meses de tiempo que "podrá ser prorrogado en dos meses cuando concurran razones objetivas debidamente justificadas, cuya apreciación corresponde a la Mesa del Parlamento".

En el caso de la ILP dirigida a la Mesa del Congreso de los Diputados, lo que se propone es el añadido de un apartado a una de las disposiciones adicionales de la Ley Orgánica de Educación; en concreto, a la duodécima, sobre el ingreso y promoción interna.

Con el añadido propuesto a dicha disposición adicional, la comisión promotora de esta ILP quiere que la ley contemple que, "para las convocatorias de los procesos de ámbito autonómico de selección del personal funcionario referido en el apartado anterior, se establecerá un procedimiento de ámbito estatal que, coordinando a todas las Administraciones territoriales educativas del Estado, aun en el respeto a sus competencias en materia de selección de personal, asegure una distribución territorial lo más uniforme posible en cuanto a oferta de plazas y demanda de aspirantes".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la exposición de motivos para justificar esta ILP se recuerda que en la LOE se dispone "que las Comunidades Autónomas ordenarán su función pública docente en el marco de sus competencias, respetando en todo caso las normas básicas dictadas por el Estado".

Tras un recorrido por legislación vigente, en la exposición de motivos de la ILP se puede leer que, "puesto que la selección del profesorado es competencia compartida, las administraciones educativas, tanto las de ámbito autonómico como la de ámbito nacional, han de observar la normativa básica estatal al objeto de garantizar el marco común básico de la función pública docente y los principios constitucionales que necesariamente han de guiar sus actos, especialmente para esta iniciativa, los de coordinación y cooperación que, de la misma forma que opera hacia abajo, necesariamente han de operar hacia arriba".

"Obrar de esa forma no sólo es un mandato constitucional sino, por demás, la única forma de asegurar las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de unos derechos constitucionales entre los que se encuentra el de igualdad en el acceso a la función pública, derecho éste que debe ser entendido como igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública", continúan argumentando los promotores de esta ILP.

A su juicio, dichos principios "se quiebran" cuando "las convocatorias de ingreso en los Cuerpos de funcionarios docentes de ámbito estatal" son gestionadas "de forma completamente ajena al principio constitucional de coordinación que obliga a las administraciones públicas en todos sus actos".

Añaden los promotores de esta ILP que "esta obligación" era "regularmente observada hasta que, con la excepcionalidad que impusieron los recortes presupuestarios que trajo la segunda década del nuevo siglo, el Ministerio abandonó la tarea de orquestar, a través del órgano estatal correspondiente, el procedimiento regulatorio necesario para planificar, al alimón con todas las Administraciones territoriales y en todo el Estado, los procedimientos de ingreso en los referidos Cuerpos de funcionarios".

De esta manera, "a pesar de ser cuerpos de ámbito estatal, y terminada la situación de excepcionalidad que produjo la actual descoordinación", éstos "siguen siendo gestionados por las Administraciones autonómicas de forma ni suficientemente considerada ni mínimamente coordinada, produciendo una distorsión de efectos perversos sobre el profesorado aspirante de todas las Comunidades Autónomas", según sostiene esta Iniciativa Legislativa Popular.

Los promotores de la ILP añaden que, "con el ultimátum de la Unión Europea a España en cuanto a la completa, correcta y efectiva transposición de la directiva 99/70/CE en lo tocante a la estabilización del empleo temporal de larga duración en fraude de ley", se ha generado "un 'sálvese quien pueda' generalizado" en administraciones que "agrava aquellos indeseables efectos entre el personal aspirante, al provocar fuertes tensiones entre oferta y demanda entre los diferentes territorios nacionales que repercuten directa y severamente en el ámbito personal al generar desigualdad en el acceso, un gratuito desarraigo y/o nulas posibilidades de conciliación personal, familiar y laboral en el mejor de los casos, y paro en el peor".

"EFECTO LLAMADA" EN OPOSICIONES AL CUERPO DE MAESTROS

Al hilo de esta cuestión, desde la Unión Sindical por el Derecho Europeo (USDE) han advertido de un "efecto llamada" desde Andalucía con el número de plazas a las oposiciones al Cuerpo de Maestros convocadas por esta comunidad autónoma en este año 2025, que ascienden a 4.401.

Desde dicho sindicato han advertido, en declaraciones a Europa Press, de que dicha oferta de plazas para el Cuerpo de Maestros en Andalucía "supone el 76% de las plazas ofertadas en todo el territorio nacional que no tiene barrera idiomática" y, "a falta de información oficial que la administración educativa andaluza sigue sin ofrecer", de los datos demográficos y de las oposiciones convocadas este año "se puede concluir que dos de cada tres maestros aspirantes de los territorios autonómicos sin barrera idiomática de toda España opositarían fuera de su comunidad autónoma", por lo que "Andalucía ha debido de ser el destino preferente de, al menos, opositores extremeños, manchegos, madrileños, ceutíes, melillenses e incluso no pocos murcianos".

La Unión Sindical por el Derecho Europeo advierte así de un "efecto llamada innegable", y sostiene que "el abultado número de plazas que se está ofertando ahora debería haberse ofrecido antes, en concursos de méritos que realmente respondieran a las indicaciones de la Unión Europea" y que "tendrían que haberse coordinado en todo el Estado".

Finalmente, para dicha organización, "el ingreso a los cuerpos estatales de funcionarios docentes de la educación pública española jamás debería ser gestionado desde el miope y parcial interés de cada una de las diferentes administraciones educativas autonómicas".