La ILP para la regularización de migrantes cumple un año estancada en el Congreso

Laura López

Madrid, 9 abr (EFE).- La iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización de las personas extranjeras que residen en españa sin papeles continúa estancada en el Congreso de los Diputados un año después de que todos los grupos salvo Vox apoyaran su toma en consideración en la Cámara Baja.

El 9 de abril de 2024 fue para muchos un día histórico, en el que más de doscientas personas celebraron a las puertas del Congreso que los partidos habían facilitado con su voto empezar a tramitar esta iniciativa, que llegó a la Cámara Baja respaldada por más de 600.000 firmas ciudadanas.

Multitud de personas del movimiento migrante y antirracista celebraron con emoción y entre proclamas de "ningún ser humano es ilegal" este paso con tal euforia que parecía que la iniciativa ya hubiera sido aprobado por el Congreso.

Pero algunos activistas advertían también de que quedaba mucho trabajo por hacer para que la propuesta no quedase "congelada" tras lo conseguido y ahora, un año después, el tejido social que impulsó la ILP lamenta precisamente que este mal presagio se haya cumplido.

Después de que los partidos registraran sendas enmiendas en diferentes sentidos, se celebraron varias reuniones de ponencia, en la que los grupos políticos no han alcanzado un acuerdo en torno a un texto que permita continuar con la tramitación.

La última reunión fue antes de navidad y fuentes parlamentarias reconocen que las negociaciones están paradas.

Fuentes de Sumar, que preside la Comisión de Migraciones en el Congreso, han precisado a EFE que la ponencia no se ha vuelto a convocar con la voluntad de que haya negociación por fuera de estas reuniones y han recalcado que, aunque estas conversaciones no son fáciles, no las dan por perdidas, ni mucho menos.

Consideran más bien que están "en barbecho", a la espera de que se cierre la cuestión de los Presupuestos Generales del Estado y la delegación de competencias en inmigración para Cataluña. De hecho, se ha decidido esperar para no forzar las cosas, apuntan.

El pasado 25 de febrero, los partidos evidenciaron la falta de acuerdo para desbloquear la ILP en un debate sobre una PNL de Podemos sobre esta cuestión.

Desde que llegó al Congreso, la iniciativa ha recibido el apoyo de las principales entidades sociales de defensa de los derechos de las personas migrantes y desde otros sectores, como la Conferencia Episcopal Española, que el pasado 31 de marzo se ofreció a hacer de mediador entre el PP y el PSOE para desbloquear la situación.

Vicky Columba, una de las portavoces del movimiento Regularización Ya, uno de los impulsores de esta iniciativa, ve en este retraso en la tramitación un "grave déficit democrático" respecto a los procesos participativos ciudadanos.

Lamenta que después de "un hecho histórico", como fue que esta iniciativa llegara al Congreso y todos los partidos votaran "en contra de la ultraderecha y en favor de los derechos de las personas migrantes", los grupos políticos finalmente hayan demostrado no estar a la altura de lo conseguido por la sociedad civil.

Insiste en la necesidad de acometer esta iniciativa con el mismo espíritu con el que llegó al Congreso -una regularización de máximos, sin requisitos como tener un contrato de trabajo- para dar una respuesta al alrededor de medio millón de personas que calculan que viven en España sin papeles y, por lo tanto, sin acceso a muchos derechos.

Considera insuficiente las medidas adoptadas por el Gobierno en el último año, como la reforma del reglamento de extranjería con la flexibilización para acceder a la figura del arraigo, con la que el Ejecutivo calcula documentar a unas 900.000 personas en tres años, o la regularización para afectados por la dana.

Subraya que estas medidas no llegan a todos los que debería y, en el caso del reglamento, deja atrás a muchas personas, como los solicitantes de asilo, para los que a partir de la entrada en vigor de la norma no computará el tiempo que hayan pasado en España como peticionarios de asilo para optar al arraigo. EFE