
Junts ha secundado este miércoles el nuevo choque institucional impulsado por la mayoría absoluta del PP desde el Senado contra el Congreso y el Gobierno por la decisión de la Mesa de la Cámara Baja --con mayoría de PSOE y Sumar-- de aceptar el veto del Ejecutivo a varias enmiendas de ambos partidos a una ley que había aprobado la Cámara Alta.
La aprobación de este conflicto de atribuciones es el primer paso para que el PP lo lleve al Tribunal Constitucional y es el cuarto choque en lo que va de legislatura, tras el impulsado por la Ley de Amnistía, por la norma que conmutaba penas de etarras cumplidas en el extranjero --el único que de momento han llevado a la corte de garantías-- y por una corrección de errores en el BOE a la Ley de Eficiencia Jurídica después de su tramitación parlamentaria.
En este caso, se trata de un conflicto jurídico-parlamentario por una decena de enmiendas a la Ley de Prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que el Gobierno trató de tumbar en el Senado, haciendo uso de su potestad para vetar iniciativas legislativas que modifiquen los presupuestos en curso, pero la Cámara Alta las dejó pasar y acabaron siendo aprobadas.
Y cuando esas enmiendas llegaron al Congreso para su votación final, la Mesa controlada por PSOE y Sumar admitió el veto del Gobierno y las eliminó sin un informe escrito de los servicios jurídicos, aunque las actas de aquella reunión del pasado 18 de marzo, recogidas por Europa Press, demuestran que el letrado mayor del Congreso se opuso verbalmente a atender los vetos del Ejecutivo y avisó de que no había precedentes de un caso así.
ERC y Junts también se mostraron críticos con el Gobierno, ya que entre las enmiendas había una de los 'populares' para bajar el IVA de algunos alimentos y otra de los independentistas catalanes para prorrogar la vida útil de plantas de purines para que puedan seguir cobrando ayudas.
Durante el debate parlamentario, el senador de Junts Joan Baptista Bagué ha recriminado que se "impidió" votar esas enmiendas, algo que "no había pasado" y que "desequilibraría a favor del Gobierno y en contra y menoscabo de las funciones de Congreso y Senado", anunciando acto seguido que apoyarán la propuesta.
Y Jordi Gaseni, senador de ERC, lo ha considerado un "ninguneo" y un "error político mayúsculo", así como una falta de respeto hacia las organizaciones agrarias y los sectores afectados. "Con esta actitud nos preguntamos para qué llevar las leyes al Senado, para que hace falta presentar enmiendas, si después hacen lo que les da la gana", ha expresado, aunque no ha concretado el sentido de su voto.
UN "GOLPE OBSCENO"
Para justificar este nuevo choque, el senador 'popular' Antonio Silván ha asegurado que la conducta del Congreso y el Gobierno durante la tramitación de esa ley fue un "golpe obsceno al Estado de Derecho".
Silván ha acusado a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, de rendir "culto a la personalidad" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a la par que ha sostenido que el PSOE actúa así porque cree que "siempre le quedará el comodín blanqueador de don Cándido" Conde-Pumpido, el presidente del Constitucional.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, denunció como un "auténtico disparate jurídico" que la Mesa del Congreso "manipule y falsifique el mensaje motivado" remitido por la Cámara Alta, "retocando y alterando sustancialmente el texto aprobado en el Pleno del Senado".
Además, la secretaria general de los 'populares', Cuca Gamarra, avanzó que presentarán un recurso de amparo y de inconstitucionalidad ante el Tribunal, al considerar que se han vulnerado los derechos de sus parlamentarios en la tramitación de la Ley de Desperdicio Alimentario.
Fuentes del PP indicaron que este último paso ante el tribunal de garantías abría la puerta a recurrir también en Europa, después de que Gamarra afirmara que en esta legislatura están viendo "cómo en el Congreso se amordazan y se guillotinan debates y enmiendas" de los grupos.
En contra, el senador socialista José María Oleaga ha calificado de "ridículo" al PP, criticando que impulsen un conflicto de atribuciones "cuando un Gobierno plantea que se ha producido un desequilibrio presupuestario de mil millones". A su juicio, "no parece que sea desde luego el tema como para enfrentarse a un conflicto de esta naturaleza".