Moscú, 8 abr (EFECOM).- La Justicia rusa expropió hoy el 55 % de las acciones de una petrolera de San Petersburgo, cuyo dueño era un socio cercano de Ilyá Traber, un jefe del crimen organizado ruso cuya amistad reconoció el presidente Vladímir Putin.
Por petición de la Fiscalía, el Tribunal de Arbitraje de San Petersburgo accedió a expropiar el 55 % de las acciones de la Terminal de Petróleo de San Petersburgo, el mayor nudo ruso de transbordo de productos petrolíferos en el Báltico, por la nacionalidad extranjera de sus dueños, los hijos de Dmitri Skiguin, quienes heredaron los activos tras la muerte de su padre en 2003.
Según la ley rusa, los ciudadanos extranjeros no pueden ser dueños de compañías energéticas sin previa aprobación gubernamental por ser consideradas de importancia estratégica para el país.
Los hijos, Mijaíl y Yevgueni, de ciudadanía alemana, y la hija Polina, de ciudadanía francesa, son dueños, respectivamente, del 17,85 % y el 14,28 % de las acciones de la petrolera a través de una empresa chipriota llamada Tudzhunga Enterprises.
Tal y como dispone la Fiscalía General, recibieron el paquete accionario en tres transacciones entre 2016 y 2020, aunque según la defensa la primera parte la heredaron en 2003, antes de la entrada en vigor de la ley en 2008.
Los activos están finalmente valorados en 17.500 millones de rublos (más de 204 millones de dólares).
Uno de los primeros dueños de la empresa fue Iliá Traber, cercano a Dmitri Skiguin y a Putin, quien reconoció su relación con la autoridad criminal a través de su secretario de prensa, Dmitri Peskov, en 2015.
Según diversas investigaciones, Putin y Traber trabajaron juntos durante los años noventa en San Petersburgo cuando Traber ejerció como enlace entre la alcaldía de la ciudad, donde trabajaba el actual presidente, y la mafia de la región de Tambov, quienes controlaban el puerto de San Petersburgo.
Ayer, la Fiscalía Anticorrupción de España acusó a Traber de ser uno de los jefes de la organización mafiosa de Tambov, y solicitó cinco años de prisión por pertenecer a una asociación criminal que actuó en España desde 1996, además de una multa de 4.690.000 de euros y requisar bienes valorados en 2.345.049 euros.
La Fiscalía española vinculó a la asociación los delitos de asesinato, tráfico de armas, extorsión, estafa, falsedad documental, contrabando, tráfico de drogas y delitos contra la Hacienda Pública, entre otros.
Según señala la Justicia española, las autoridades rusas colaboraron con información acerca de Traber. EFECOM
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