El censo de víctimas de la guerra y dictadura: 200.000 nombres y una "oportunidad única"

Mónica Sequeiro

Santiago de Compostela, 5 abr (EFE).- Cuentan los investigadores del Grupo Histagra el "alivio" que expresan las familias al recibir los restos de los exhumados de las fosas comunes y cómo se sienten "reconfortadas" ya solo con que se investigue sobre ellos, aunque no se consiga localizarlos. El saber qué pasó importa.

Este grupo de investigación Histagra-CISPAC de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) es el encargado de elaborar el censo estatal de víctimas mortales, excluyendo a los combatientes, del golpe de Estado de 1936, la Guerra de España (1936-1939) y, de momento, el primer trienio de la dictadura franquista (1940-1942).

Será una labor ingente para recopilar y registrar no solo los nombres y datos personales, sino las circunstancias de la muerte de más de 200.000 víctimas, según una "hipótesis" inicial en base a "estimaciones" que habrá que confirmar y que incluyen las atribuidas por la dictadura a la zona republicana.

Se trata de una "oportunidad única" porque cuenta con el "amparo institucional" del Estado y es un "trabajo para toda la ciudadanía", ha dicho en declaraciones a EFE el decano de la Facultad de Geografía e Historia de la USC, Antonio Míguez, uno de los coordinadores del proyecto, junto con el catedrático de Historia Contemporánea Lourenzo Fernández Prieto.

Míguez asegura que es una manera de ofrecer, desde la historia, "una información lo más veraz posible" para que "esos discursos que hay negacionistas, casi siempre de odio, no tengan ningún tipo de apoyo" porque, al igual "que con el cambio climático", hay que combatir con "datos rigurosos a quienes se dedican a banalizarlo o negarlo".

El proyecto del censo, apunta el decano, tiene "tres patas", la investigación, la coordinación y la difusión, y "ninguna de ellas es menos importante".

Ya saben que resultará una tarea "compleja", tanto por su magnitud como por sus aspectos científicos y metodológicos, pero cuentan con una larga experiencia, que se inició en 2006 con la creación del proyecto de investigación Nomes e Voces, que elaboró una base de datos con casi 15.000 fichas individuales de víctimas de la guerra y la dictadura en Galicia.

Ellos no fueron los primeros en España en dedicarse a esta tarea, pero sí "los primeros en hacerlo en el ámbito académico, de una forma muy sistemática", según explica Fernández Prieto, quien destaca que para realizar ahora el censo estatal va a hacer falta "mucha colaboración" y la ayuda de expertos y grupos de toda España.

Junto a Fernández Prieto y Míguez, están Gustavo Hervella, gestor técnico del Grupo Histagra, y la colaboradora Conchi López Sánchez, doctora en Historia Contemporánea, todos ellos apasionados de su labor conscientes de que trabajan para "un bien público".

El equipo, asentado en el CISPAC (Centro de Investigación Universitario das Paisaxes Atlánticas Culturais) de la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela, contará con cinco investigadores e investigadoras "a tiempo completo" y se espera que esté ya totalmente configurado para el otoño.

El plazo para la realización de los trabajos es hasta 2007, con una dotación económica de 490.052 euros, de los que 64.252 euros corresponden a la USC.

Las primeras tareas serán recopilar los datos de los trabajos realizados en toda España, validarlos e incorporarlos de manera homogénea a una base única (a través de la aplicación informática Dédalo), teniendo en cuenta que habrá lugares donde "no haya ese trabajo previo y habrá que hacerlo", advierte Conchi López.

La recopilación de la información se realizará tanto de los censos existentes en las comunidades autónomas, como de los registros civiles y censos militares, hasta de la Causa General abierta por la dictadura franquista, el mapa estatal de fosas o los registros de españoles fallecidos en campos de concentración nazis.

Entre los trabajos desarrollados en las distintas comunidades hay muchas diferencias, desde las que cuentan con censos completos (Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha), hasta la inexistencia de censos en las provincias de Palencia, Zamora, Ávila y Segovia (Castilla y León).

En el medio, están lugares con censos incompletos, como las provincias de Palencia, Zamora, Ávila y Segovia; y las comunidades de Cantabria, Aragón y La Rioja. También está el caso de la Comunidad de Madrid y Canarias, donde los censos requieren aún una comprobación muy intensa a través de trabajo de campo.

Estas diferencias se deben, según Míguez, a que la investigación se fue realizando casi siempre "de abajo a arriba", sin financiación pública, y dependiendo del "voluntarismo, a veces heroico", de los investigadores, aparte de que los cambios de Gobierno autonómicos significaron en algunos casos "la liquidación" de las leyes de memoria.

El censo se hace en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que habla del deber moral de "reconocimiento, reparación y dignificación" de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista.

Pero desde el grupo de investigación no les gusta decir de "dignificación", porque las víctimas "no perdieron su dignidad en ningún momento", sino de "memorialización", como los actos que realizan tras las exhumaciones de las fosas comunes en las que colocan "un totem de la memoria", dentro del Plan Cuatrienal de Memoria Democrática 2021-2024.

Todas las víctimas tendrán una ficha en el censo estatal que incluirá el nombre y los apellidos, el apodo, la localidad de procedencia y de residencia, la edad, el sexo, la profesión y la filiación; así como la fecha de la muerte, su causa, el lugar de enterramiento y otros detalles, incluidos los relativos al proceso si se trata de una persona encausada.

Sus familias tendrán un cierto consuelo y reparación y la sociedad tendrá, por fin, memoria. EFE

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