
La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja (Valencia) ha comunicado verbalmente a una delegación de fiscales de la provincia su disposición a asumir la competencia sobre las diligencias previas por denuncias y/o querellas relativas a la gestión de la dana y ha adoptado la práctica de algunas diligencias de investigación.
Entre ellas, ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) información sobre presas y el estado de los cauces y a la Conselleria de Emergencias e Interior que comunique quién tomó la decisión de emitir el SMS de alerta a la población la tarde del 29 de octubre, día de la dana que dejó 224 muertos, tres desaparecidos y daños millonarios en la provincia de Valencia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Y también quiere conocer la información de la que se disponía "y desde qué momento".
La magistrada se reunió este jueves con una delegación de fiscales de la provincia de Valencia a los que comunicó "verbalmente" su disposición "de asumir la competencia sobre las diligencias previas por denuncias y/o querellas relativas a la gestión de la dana que le puedan llegar desde diferentes juzgados de la provincia para acumularlas a sus diligencias previas 692/24, abiertas inicialmente por 75 fallecimientos en localidades de su partido judicial".
En el marco de ese procedimiento, la magistrada ha acordado la práctica de algunas diligencias de investigación como remitir oficio al Miteco a fin de que aporte documentación sobre los embalses de Forata, Loriguilla y Buseo y el estado de sus cauces. También ha reclamado información al Ministerio el organigrama directivo y técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), entre otros extremos.
Por otra parte, ha oficiado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat para que le informe de todas la actuaciones llevadas a cabo por ese órgano entre los días 29 y 30 de octubre y a la Conselleria de Interior y Emergencias para que comunique quién tomó la decisión de emitir el SMS de alerta a la población la tarde del 29 de octubre, "la información de que se disponía y desde qué momento", si esta procedía de otros órganos o administraciones y si se adoptaron otras medidas preventivas.
FISCALÍA
Fiscalía había anunciado este mismo viernes que este juzgado centralizará las diligencias seguidas en distintos órganos judiciales de la provincia, incluida València capital, por las consecuencias de la dana del pasado mes de octubre, según se acordó en una reunión mantenida con representantes del ministerio público.
El acuerdo obedece a que esta instancia judicial tiene las diligencias abiertas más antiguas y las más numerosas relacionadas con la dana, han apuntado a Europa Press las fuentes consultadas en Fiscalía.
Junto a esta decisión, desde el ministerio público se ha acordado crear en la Fiscalía Provincial de Valencia un equipo, integrado por un total de cinco fiscales y que incluye especialistas en medio ambiente, anticorrupción y penal, para proporcionar una "respuesta coordinada" desde Fiscalía en este asunto y trabajar "en colaboración" con el juzgado de Catarroja.
DENUNCIAS EN MARCHA
Son varias las denuncias y querellas interpuestas en diferentes órganos judiciales valencianos por la gestión de la dana. Precisamente este misma semana más de un centenar de afectados por la dana de la Asociación de Damnificados Horta Sud de Valencia han presentado una querella contra cinco miembros del Consell y contra el presidente de la Confederacion Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, para depurar sus responsabilidades ante "la inacción" en el ejercicio de sus funciones ante la catástrofe.
Por otro lado, recientemente se conocía una resolución de la Audiencia de Valencia que atribuía al Juzgado de Instrucción número 15 de la capital la competencia para resolver sobre una denuncia interpuesta por el Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias por la gestión de la dana.
La Audiencia adoptó esta decisión en el marco de la cuestión de competencia negativa planteada por el juzgado en relación con otras diligencias previas seguidas por el Juzgado de Instrucción 20 de Valencia por el fallecimiento de una víctima mortal en la catástrofe.
La denuncia de Manos Limpias, que aludía a la comisión de posibles delitos de homicidio, lesiones y daños por imprudencia grave y estaba dirigida contra el entonces director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y la responsable de la Aemet, recayó por reparto en el Juzgado de Instrucción 15, cuyo titular incoó diligencias previas y se inhibió de ellas en favor de su homólogo del Juzgado de Instrucción 20 porque éste fue el primero que tuvo conocimiento de un fallecimiento por la dana en el partido judicial de Valencia.
Sin embargo, el Juzgado de Instrucción 20 rechazó esa inhibición por considerarla prematura e Instrucción 15 planteó entonces una cuestión de competencia. La Audiencia determinó que en ese momento no se podía acumular la denuncia a las diligencias previas por el Juzgado de Instrucción 20.
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