Madrid, 31 ene (EFE).- Gobierno y comunidades han alcanzado un acuerdo estatal para mejorar la atención temprana a menores de 6 años con problemas en su desarrollo y reducir los tiempos de espera para que sean intervenidos en 45 días como máximo desde que se detecta un caso.
Los ministerios de Derechos Sociales y de Sanidad se han reunido este viernes con los gobiernos autonómicos en una Conferencia Multisectorial, en la que se ha aprobado un documento que establece el marco de calidad común para asegurar que niños y niñas de 0 a 6 años tengan el derecho a una atención temprana de calidad, eficaz y gratuita.
La atención temprana está dirigida a niños y niñas que en las primeras etapas de su vida (de 0 a 6 años) presenten trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos. Casi 130.000 menores necesitaron esta atención en 2023.
El acuerdo, que incluye una dotación económica de casi 42 millones de euros que el departamento de Pablo Bustinduy repartirá entre las comunidades con cargo al Fondo Social Europeo Plus, fija ese plazo máximo para intervenir en atención temprana desde que se detecta un caso que tenga un riesgo evolutivo.
El período de 0 a 6 años es clave, señala la evidencia científica, para garantizar un desarrollo infantil saludable que prevenga situaciones agravadas de discapacidad o dependencia. Es una etapa crucial y crítica y cuando se sientan las bases del desarrollo infantil a nivel físico, cognitivo, emocional y social.
Respecto al plazo máximo de 45 días, es el que marca de referencia la Garantía Infantil Europea y es una recomendación del Consejo de la Unión Europea aprobada de manera unánime en el año 2021.
Desde Derechos Sociales y Sanidad recuerda la importancia de reducir la espera en atención temprana y alertan de las consecuencias graves que pueden impactar en niños y niñas con necesidad de atención temprana si no se cuenta con un sistema público de calidad.
Entre ellas, se pueden ver comprometidas sus capacidades cognitivas y sociales, desarrollar problemas de salud y nutrición, tener dificultades educativas, o ver limitadas sus oportunidades de incluirse plenamente en la comunidad y de alcanzar su pleno potencial.
Así mismo, inciden desde ambos ministerios, la falta de un sistema eficaz y gratuito aumenta el riesgo de exclusión social para muchas familias que se ven obligadas a suplir las carencias del sistema con sus propios recursos económicos, y con su tiempo y energía.
El acuerdo aprobado este lunes contempla que todas las comunidades dispongan de una Red de Atención Temprana. Para ello los gobiernos autonómicos deberán disponer de una norma que regule específicamente la materia, estableciendo los mecanismos de coordinación y de compartición de documentos e historias clínicas.
El sistema debe también interconectar los departamentos que forman parte del proceso, así como ordenar y regular su participación: equipos de atención primaria, profesorado, profesionales de los servicios sociales, etc...
En este grupo de medidas se deben establecer, así mismo, las bases para que la red disponga de una plantilla de profesionales estable, suficiente y con empleos de calidad, explica el Ejecutivo.
El documento recoge medidas para garantizar la valoración e intervención integral, adaptando los procesos a la realidad y ritmos de cada menor, y de sus familias, con las que se establecerá un diálogo permanente.
La nueva orientación apuesta por actuar en los entornos naturales de los niños y niñas (el hogar, el parque, etc.) y por un enfoque biopsicosocial que atienda todos los condicionantes del desarrollo.
Según la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, en 2023 necesitaron esa atención 129.529 niños, más del 5 % (5,38 %) de la población entre 0 y 6 años.
El plazo temporal para la implantación de estas medidas será el año 2030, que será cuando se haga una evaluación final, y coincidirá con la finalización del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030). EFE
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