El tribunal que juzga al comisario José Manuel Villarejo por los trabajos que realizó para Repsol y La Caixa en el denominado 'proyecto Wine', en el que ambas compañías trataban de defender sus intereses frente a una estrategia de Sacyr para hacerse con un número importante de acciones de la petrolera en 2011, ha rechazado este martes la citación como testigos del presidente de Repsol, Antonio Brufau, y del presidente de la Fundación LaCaixa, Isidre Fainé.
Cabe recordar que fue este lunes en el trámite de cuestiones previas cuando la representación legal del empresario Luis del Rivero --quien fue víctima presuntamente del espionaje de Villarejo-- interesó ambas testificales dado que prestaron declaración como investigados en instrucción.
La presidenta de la Sala, Teresa Palacios, ha subrayado al inicio de la sesión que no lo podía admitir porque aunque pudieran arrojar luz sobre su percepción de los hechos, eso llevaría "a una situación heterodoxa" que se podría volver contra ellos.
"La percepción de los hechos de una persona que estaba en la cúpula (...) nos llevaría a una situación bastante heterodoxa de hacerles preguntas que se pudieran volver contra ellos", ha explicado para luego añadir que ese interrogatorio podría "provocar una reapertura de algo sobreseído en instrucción".
En este sentido, Palacios ha recomendado al letrado de Del Rivero que en caso de que considere que existen nuevos datos que pudieran combatir el archivo de la causa para ambos presidentes puede solicitar la reapertura de la causa ante el instructor.
Por otro lado, el tribunal sí ha aceptado la petición del comisario Villarejo de que se tome declaración testifical al ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, para que dé cuenta de la situación del principal encausado en el Cuerpo Nacional de Policía en el momento de los hechos.
También ha aceptado la declaración del exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí, de David Rodríguez Vidal, que se identifica como un ex colaborador del CNI, y del ex comisario general de la Policía Judicial José Santiago Sánchez Aparicio.
Cabe recordar que este mismo lunes, la Sección Cuarta dejó fuera del juicio tanto a Repsol como a Caixabank y a la Administración del Estado como responsables civiles subsidiarios después de que las acusaciones particulares y la Fiscalía hubieran renunciado a ir en este momento contra ellas.
La presidenta también ha anunciado este martes que las cuestiones previas planteadas por los encausados en el día de ayer se resolverán en sentencia dado que son asuntos complejos como la posible prescripción de hechos, el posible carácter prospectivo de la investigación o la supuesta ruptura de la cadena de custodia de lo requisado en entradas y registros.
LAS PENAS
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 40 años y medio de cárcel para Villarejo por esos trabajos realizados para Repsol y La Caixa. En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, el Ministerio Fiscal solicita además una pena de 32 años y medio para el socio de Villarejo, Rafael Redondo, 21 años para el subdirector de Servicios de Apoyo de la dirección de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Girona, 28 años para el responsable de Seguridad de Repsol Rafael Araujo y 21 años para el ex responsable de Seguridad de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño.
A todos les encausados se les imputan diversos delitos que van desde el cohecho pasivo y activo al descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros y a la falsedad en documento mercantil.
Tal y como recuerda Anticorrupción a lo largo de 15 folios, en agosto de 2011 Sacyr Vallehermoso, entonces presidida por Luis del Rivero, y la mexicana PEMEX alcanzaron un acuerdo relativo al ejercicio de su derecho de voto de forma sindicada en la petrolera española. Esto permitía que sumando la participación de ambas mercantiles llegarían a controlar casi un tercio del total.
Para hacer frente a esto, recuerda la Fiscalía, "los más altos directivos de Repsol adoptaron diferentes medidas", y una fue recabar información sobre ese pacto, para lo que se sirvieron de su dirección de Seguridad Corporativa, a cuyo frente se encontraban los encausados Rafael Araujo y Rafael Girona.
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