El catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla y hasta este sábado aspirante a la Secretaría General del PSOE de Andalucía, Luis Ángel Hierro, participó como coautor en un proyecto de investigación donde diseñó un modelo de financiación a partir del dictamen del Parlamento de Andalucía de 2018. En ese trabajo apuntó una ganancia adicional de 9.000 millones para Andalucía.
El trabajo, titulado 'Propuesta sobre reforma de los fondos de financiación de las comunidades autónomas definidas en la Ley 22/2009', lo firmó en 2022 con el también profesor de Economía de la Universidad de Sevilla, Pedro Atienza, el investigador principal del proyecto.
Los autores hacen una simulación del modelo para los años 2010-2019. El modelo vigente, ya caducado, lo estuvo entre 2009 y 2014.
En esa proyección para Andalucía dicen que en el año base del modelo, que es 2019, "hubiera obtenido una cuantía adicional de 3.387,2 millones euros con el modelo propuesto", un 15,5% de los recursos que tuvo.
"Andalucía ganaría con el modelo propuesto ya que en los dos escenarios de definición de población ajustada Andalucía obtendría una ganancia acumulada en todo el periodo de 9.040,1 millones de euros o 9.307 millones de euros, según el escenario contemplado", indican Atienza e Hierro.
Con 3.387,2 millones de euros adicionales en el año base afirman que Andalucía sería "la Comunidad con mayor ganancia en términos absolutos y la quinta con mayor ganancia de recursos en términos porcentuales y en euros por habitante".
En el año base Atienza e Hierro establecen en 19.459,35 millones el dinero que requeriría Andalucía para sostener sus servicios fundamentales. Esa cantidad sería el 17,78% del total destinado a las regiones, que es de 109.392,52 millones.
El informe se hace con las conclusiones del 'Dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública en relación con el Informe del Grupo de trabajo relativo a financiación autonómica', aprobado el 9 marzo 2018.
"Todas las comunidades ganan financiación con el modelo propuesto, excepto Cantabria, La Rioja, Extremadura y Baleares", indican los autores, quienes seguidamente reconocen que "las que ganan más en términos relativos son Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia, Madrid y Andalucía, exactamente, las cinco comunidades más infrafinanciadas con el modelo vigente".
La explicación que ofrecen es que "se han inyectado 14.973 millones de euros al sistema con el modelo propuesto derivados de los recursos adicionales aportados por el Estado al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales con el fin de garantizar una financiación mínima para los servicios fundamentales igual al gasto liquidado depurado de las comunidades en servicios públicos fundamentales".
Sobre el principio de statu quo, según el cual una comunidad no debe perder recursos en el tránsito de un modelo de financiación a otro, Pedro Atienza y Luis Ángel Hierro afirman que "establecemos un diseño de una periodificación en el pago de compensación por statu quo, de forma que la compensación transitoria por statu quo iría desapareciendo progresivamente en un periodo de cinco años".
Esgrimen que el dictamen de la Comisión de Hacienda del Parlamento de Andalucía de 2018 estableció que "las necesidades globales de financiación para los servicios públicos fundamentales sean iguales a la cuantía del actual Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales para el año base".
A ese montante le añaden "los recursos adicionales aportados por la Administración General del Estado". El mismo criterio emplean con las necesidades de gasto del resto de servicios.
Atienza e Hierro apuntan que "hay que determinar las necesidades de gastos fundamentales de cada comunidad en el año base" y recuerdan que el dictamen del Parlamento abogó por emplear como criterio de reparto en los servicios públicos fundamentales "la población ajustada" y que sería la población real para el resto de servicios.
ELEVAR AL 70% LA CESIÓN DE IVA E IMPUESTOS ESPECIALES
Como fuentes de financiación de los servicios fundamentales señalan "la recaudación normativa del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales". En IRPF sería con el mismo peso que en el modelo 2009-2014, de un 50%, mientras plantean elevar a un 70% el rendimiento cedido a las comunidades en el IVA e impuestos especiales.
Crean para los servicios fundamentales un nuevo instrumento para la nivelación, el Fondo de Sostenibilidad, que se dotaría con "la diferencia, positiva o negativa entre las necesidades de gasto para los servicios públicos fundamentales y los recursos tributarios mencionados".
Para financiar el resto de servicios apuestan por emplear "la recaudación normativa de los tributos cedidos tradicionales, como en el modelo actual", y que "la transferencia de nivelación consista en una aportación de la Administración General del Estado", de manera que esos recursos adicionales del Estado sean "sólo para aquellas comunidades cuya recaudación tributaria no alcance el valor de las necesidades de gasto fundamentales".
CAMBIO DEL PIB NOMINAL PARA REVISAR INGRESOS A PARTIR DEL AÑO BASE
Para la revisión anual del modelo a partir del año base señalan como criterio "la tasa de variación del PIB nominal del conjunto de las comunidades entre el año base y el año en cuestión" con la idea de "mantener la equidad vertical" en el reparto de recursos entre Estado y comunidades.
En el equilibrio vertical del sistema se remiten al dictamen del Parlamento andaluz, que pedía un porcentaje constante de la cuantía total de la financiación autonómica respecto al PIB nominal de las comunidades de régimen común. Precisan los autores que "el cumplimiento de esta regla en el periodo 2010-2019 hubiera exigido el desembolso del Estado de una cuantía acumulada de 25.503,2 millones de euros".
FINANCIACIÓN DE 109.392,5 MILLONES PARA 2019, AÑO BASE
En su cálculo de las necesidades de financiación para 2019, año base del modelo, hablan de una cifra de 109.392,5 millones de euros, siguiendo la directriz del dictamen del Parlamento, según la cual "el montante mínimo aceptable de necesidades de gasto de los servicios públicos fundamentales debe ser igual al nivel de gasto efectivo en servicios públicos depurado de competencias singulares y financiación finalista".
A ese dinero suman otra aportación adicional del Estado de 14.971,3 millones por cuanto recuerdan que el Parlamento señaló al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales como referente de las necesidades globales de financiación en servicios públicos fundamentales y que en ese 2019 fue de 94.421,2 millones.
Para financiar el resto de servicios los autores proponen "la diferencia entre el montante global de financiación del conjunto de las comunidades, 119.613,4 millones de euros, menos la cuantía del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, 94.421,2 millones, es decir, 25.192,2 millones".
La estimación de las necesidades de gasto de cada comunidad en servicios públicos fundamentales y resto de servicios, con el Dictamen del Parlamento como referente, recuerdan que para la población ajustada señaló que en educación se debía ampliar el tramo contemplado, en vez de 0 a 16 años, de 0 a 18, e "incluir el número de matriculados en centros universitarios públicos".
"En servicios sociales, hay que incluir, además de la población mayor de 65 años, la tasa de paro, la población en riesgo de pobreza y el número de dependientes", prosiguen explicando.
"Hemos incluido la población mayor de 65 años ponderada por tramos de edad y el número de parados sin prestación por desempleo", indican Atienza e Hierro, quienes precisan que "hemos respetado las ponderaciones del modelo actual y en un segundo hemos cambiado las ponderaciones en base a las indicadas por el informe del Ministerio mencionado".
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