Madrid, 13 ene (EFECOM).- La empresa de gestión de alquileres de vivienda Alquiler Seguro ha propuesto que las administraciones públicas apuesten por la promoción de vivienda pública en régimen de alquiler para aumentar la oferta, que afirma que es el principal problema del mercado del alquiler, en el que se han perdido 80.000 viviendas en el último año.
Alquiler Seguro ha dado a conocer ocho propuestas para mejorar el alquiler en 2025, después de que ayer, domingo, el PP anunciara su plan de vivienda y que hoy, lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie nuevas medidas en un foro organizado por el Ministerio de Vivienda.
Según Alquiler Seguro, la escasez de oferta sigue siendo el principal reto del mercado de alquiler y ha señalado que, según los últimos datos del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y Universidad Rey Juan Carlos en el último año se han perdido alrededor de 80.000 viviendas.
Además, la presión de la demanda se mantiene muy alta, con más de 100 contactos por cada inmueble ofertado, lo que ha disparado los precios, siendo la media de un alquiler en España de más de 1.000 euros.
El presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, ha dicho que "la escasez de vivienda pública, la concentración de la demanda en las grandes ciudades y el despliegue de medidas restrictivas impulsada por la ley de vivienda son males que se mantendrán en este año que comienza y que seguirán distorsionando el mercado".
Alquiler Seguro pide un pacto de Estado y que las administraciones públicas apuesten por la promoción de vivienda pública en régimen de alquiler, con financiación para su construcción.
La compañía recuerda que el parque de vivienda social es muy reducido en España y supone sólo el 2,5 % del total frente a la media europea, que es del 9,3 %.
Alquiler Seguro también pide que se habilite suelo público para la promoción de vivienda nueva destinada al alquiler; la cesión de la explotación, el mantenimiento y gestión de viviendas públicas a actores privados, acordando criterios de asignación de acceso y precios, y que se hagan convenios entre la administración y el sector privado para la gestión de los programas de alquiler social.
También reclama incentivos fiscales y subvenciones para que empresas privadas desarrollen promociones de vivienda privada destinada a alquiler y que mantengan el 'stock' para arrendamiento y los asignen a inquilinos de acuerdo de acuerdo con ciertos criterios.
Alquiler Seguro propone un efecto neutro del IVA para la promoción de vivienda con finalidad arrendadora, así como subvenciones directas, apoyo financiero y créditos fiscales a los promotores inmobiliarios que destinen un porcentaje de las viviendas que construyan o rehabiliten a alquiler residencial.
Además, pide la implantación de un sistema de vivienda de protección de larga duración para evitar que sea objeto de especulación ante una expectativa de revalorización.
Otras de sus propuestas son aumentar los porcentajes de exención en el IRPF para los propietarios que alquilen viviendas e imponer recargos fiscales a las viviendas vacías.
Además, defiende lo que denomina "reequilibrar la relación entre propietarios e inquilinos, reforzando la seguridad jurídica para ambas partes".
Según Alquiler Seguro, eso reduciría la "prima de riesgo" que exigen los arrendadores para poner sus viviendas en alquiler y mitigaría la preocupación "en torno a impagos e inquiocupaciones", lo que incentivaría la oferta.
Por eso, pide al Estado un marco legal que permita a los propietarios la rescisión del contrato y la recuperación rápida de su vivienda en caso de impago.
También propone reducir la obligatoriedad contractual de 5 años con prórroga automática de otros tres, pues los plazos largos ahuyentan a los propietarios, lo que incentiva el interés de los arrendadores por otros modelos no residenciales, como el alquiler turístico o el temporal.
En el caso del alquiler turístico, pide regularlo y que se restrinja a gestores profesionales, y un mayor control de esta actividad.
Además, Alquiler Seguro apuesta por eliminar el artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que impide asesorar a inquilinos. EFECOM
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