Madrid, 20 dic (EFE).- El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha abierto otra investigación para determinar si multa a los letrados que han informado sobre las declaraciones celebradas en el juzgado, como prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los letrados que revelen información "indebidamente", para los que prevé sanciones de hasta 10.000 euros.
El magistrado ha adelantado a las partes, tras la declaración testifical llevada a cabo la mañana de este viernes, que abría esta pieza separada debido las declaraciones que habían efectuado a la prensa últimamente, sobre todo tras la declaración de Begoña Gómez como investigada el pasado miércoles.
Unas horas después, las partes han tenido acceso a una providencia, fechada ese día, en la que el juez afirma que "como está siendo notorio y de dominio público, al término de las diferentes diligencias que se vienen practicando", y en especial tras declaraciones de investigados o testigos, "por parte de diferentes letrados de algunas partes procesales, se comentan y revelan el contenido de las mismas".
Detalla que esto se hace "en las inmediaciones" de la sede del juzgado, y que ya había advertido a los letrados de que así se infringía el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y pone de relieve que el miércoles, tras la declaración como investigada de la esposa del presidente del Gobierno, abogados de las acusaciones populares y de la defensa ofrecieron públicamente, "casi a modo de rueda de prensa", el contenido de lo ocurrido en el juzgado.
Para el magistrado, esta actitud puede dar lugar a la imposición de la "corrección" prevista en la citada ley, que afirma que "las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley".
"El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario, será corregido con multa de 500 a 10.000 euros", añade la norma.
El letrado de Iustitia Europa, una de las acusaciones populares en la causa, ha anunciado tras conocer esta providencia que pedirá "amparo inmediato" al Colegio de la Abogacía de Madrid "ante este atropello del derecho fundamental recocido en el artículo 20 de la Constitución", ya que "es el derecho a la información y libertad de expresión lo que está en juego". EFE
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