Madrid, 19 dic (EFE).- El paquete fiscal del Gobierno ha resultado definitivamente aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados tras incorporar algunas modificaciones no previstas por el Ejecutivo, entre ellas la derogación del gravamen a las grandes empresas energéticas, que ha salido adelante con los votos de dos de sus socios, PNV y Junts.
Esta grieta en el bloque de investidura es una de las grandes consecuencias de la accidentada tramitación de la ley que establece un tipo mínimo para las multinacionales y regula el paquete fiscal del Gobierno, que amenaza ahora con extenderse a la negociación de los futuros Presupuestos Generales del Estado de 2025.
Tras una tramitación en el Congreso complicada, en la que la ley estuvo a punto de caer por los vetos cruzados entre los socios del Gobierno, el PP dejó pasar la posibilidad de vetarla en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, y, en su lugar, introdujo varias enmiendas susceptibles de ser apoyadas por otros grupos.
De hecho, junto con estas enmiendas -que iban desde rebajas en el IRPF para jóvenes a ayudas fiscales para los afectados por la dana- apoyó la introducción en el texto de dos propuestas de Junts: la rebaja del IVA de los yogures y la exoneración de Seguridad Social para los entrenadores de clubes deportivos no profesionales.
Sin veto aprobado en el Senado, el paquete fiscal del Gobierno ya tenía garantizada su aprobación, pero el Congreso tenía que pronunciarse sobre las modificaciones de la Cámara Alta y ha sido en esta fase donde se han tejido alianzas al margen del bloque de investidura.
Así, PP, Vox y Junts han unido sus votos para mantener la rebaja del IVA de los yogures (que queda en el 4 %), bonificar a los entrenadores y eximir de tributación las ayudas que algunos empleadores han dado a sus trabajadores afectados por la dana -un "éxito" para el portavoz económico del PP, Juan Bravo-.
Además, estas tres formaciones junto a PNV han aprobado la derogación del gravamen extraordinario sobre las grandes energéticas, que es precisamente la medida que ha dividido en dos el bloque de investidura, ya que mientras PNV y Junts quieren eliminarlo, ERC, Bildu, Podemos y BNG exigen su continuidad.
El impuesto sobre las grandes energéticas no ha llegado a formar parte en ningún momento del paquete fiscal del Gobierno, pero su continuidad ha sido el elemento clave de todas las negociaciones, ya sea en forma de prórroga del gravamen extraordinario o con la creación de un impuesto permanente.
Finalmente, el Gobierno se comprometió con ERC, Bildu y BNG a prorrogar un año más el gravamen temporal y con Podemos, a abrir una mesa de partidos para negociar un impuesto permanente, siempre respetando el compromiso previo con Junts de que no afectara a las empresas que invierten en descarbonización.
La mesa de partidos se abrió la pasada semana, pero no acudieron ni PNV ni Junts, haciendo así imposible acordar una medida con garantías de salir adelante, una oposición que se ha recrudecido este jueves con la derogación del gravamen, algo que no ha sorprendido a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
A pesar de ello, Montero ha asegurado que el próximo lunes el Consejo de Ministros aprobará en un real decreto ley la extensión de gravamen a las energéticas a 2025, tal como pactó con ERC, Bildu y BNG, aunque admite que decaerá en el Congreso por la falta de apoyo de PNV y Junts.
La posibilidad del rechazo al real decreto ley entra dentro de los escenarios de los tres grupos de izquierda, que culpan a PNV y Junts de generar "inseguridad jurídica", pero no de los de Podemos, que se niega a sentarse a negociar los presupuestos de 2025 hasta que el impuesto energético sea una realidad.
La ley aprobada definitivamente este jueves transpone una directiva europea por la que se garantiza que todas las multinacionales paguen un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades.
También crea un impuesto permanente sobre los intereses y comisiones bancarias, grava los vapeadores, sube la fiscalidad del tabaco, eleva dos puntos el IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros y persigue el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos.
Además, modifica el impuesto de sociedades para compensar la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las reformas del PP y baja el impuesto de sociedades para las pymes que facturan menos de un millón de euros, entre otras medidas. EFE
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