Madrid, 16 dic (EFE).- El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado mantener separadas a las cuatro acusaciones populares en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una postura que choca con la que se sigue en la causa contra el exministro José Luis Ábalos en el mismo tribunal.
Hurtado ha dictado un auto en el que justifica que las cuatro acusaciones populares personadas en esta causa dispongan de su propia representación y defensa porque tienen intereses diferentes.
Explica que, aunque existe una generalizada tendencia a agrupar a las acusaciones bajo una misma representación, ello no significa que deba convertirse en regla general sin analizar las circunstancias de cada caso.
El magistrado considera que dos de las acusaciones populares como son el Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), tienen intereses corporativos propios, que no coinciden con los del resto de las acusaciones, por lo que deben llevar por separado sus respectivas postulaciones.
Respecto a las otras dos acusaciones, el sindicato Manos Limpias y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, el instructor no ve inconveniente a que, por ahora, sigan manteniendo su propia representación y defensa, ya que la diferencia a que sea una más, o dos, las acusaciones populares que intervengan en la causa, en principio, no perturbaría, la buena marcha del proceso.
La postura de Hurtado choca con la de su compañero de la Sala de lo Penal Leopoldo Puente, que instruye la causa contra Ábalos.
El pasado miércoles, Puente acordó que el PP represente y ejerza la dirección letrada de las siete acusaciones populares personadas, por ser la primera en hacerlo, para evitar dilaciones indebidas, lo que significa que solo el abogado del PP podrá seguir las comparecencias en Sala y recibir notificaciones.
Es más, al día siguiente, el magistrado prohibió a seis de las acusaciones populares personadas, a excepción del PP, que estuvieran presentes en la Sala para seguir la declaración del exministro.
Precisamente algunas de las acusaciones argumentaron ante Puente que la unificación no era viable porque defienden y promueven intereses diferentes en este procedimiento -que es uno de los argumentos que Hurtado menciona para mantenerlas separadas en la otra causa-, y llegaron a plantear la opción de agrupar las acusaciones en partidos y asociaciones, lo que no fue atendido por el instructor.
Al menos dos de las acusaciones populares en esta causa han recurrido esta decisión. Liberum ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Iustitia Europa ante el magistrado instructor.
En líneas generales, las acusaciones denuncian que esta decisión "atenta contra la tutela judicial efectiva" y vulnera el "principio de igualdad de armas" si bien "lo más grave" es que se pretende "expulsar a las acusaciones populares", cuando, aseguran, gracias a ellas se han llevado a cabo las mayores causas de corrupción en este país. EFE
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