Valladolid, 11 dic (EFE).- El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha sostenido este miércoles que son los juzgados ordinarios y, en última instancia, el Tribunal Supremo, el que tiene que decidir quien puede beneficiarse de la ley de amnistía y no el Tribunal Constitucional, a pesar de las cuestiones de constitucionalidad planteadas a esta norma.
Así lo ha afirmado el jurista durante su intervención en un coloquio en la Universidad de Derecho de Valladolid dedicado a analizar la ley de amnistía, en la que ha analizado los argumentos por los que el Tribunal Supremo ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad de esta norma.
"El Tribunal Supremo no plantea la cuestión de inconstitucionalidad porque tenga dudas de si la ley de amnistía es o no constitucional, sino porque no tiene dudas de que no lo es (constitucional)", ha expresado Llarena.
En este contexto, el magistrado ha indicado que aquellos que dicen que el Tribunal Supremo no tiene la potestad para decidir a quien amnistiar o no lo hacen desde "la ignorancia o la mala fe" y ha citado para ello a la Comisión de Venecia.
Y, concretamente, el magistrado ha aludido, sin citarlo, al caso concreto del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, quien, en su opinión, no es amnistiable porque, bajo su criterio, tuvo un enriquecimiento personal del denominado procés.
Finalmente, sobre estas leyes de amnistía o de indulto general, Llarena ha reconocido que su legislación y aplicación están inmersas en un proceso de debate marcado por la "polarización de la sociedad, tanto en el plano político, social y dogmático a todos los niveles", que afecta también a la esencia de un Estado y su separación de poderes.
"Todo discurso que hable de 'lawfare' (en la ley de amnistía) es propio de prestidigitadores", ha apostillado Llarena, que ha indicado que estos discursos, en verdad, están "alejados del análisis jurídico" y son propios del panorama político, ha apostillado el magistrado. EFE
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