La acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se ha opuesto al recurso que la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, presentó contra los registros efectuados en los despachos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, al tiempo que ha criticado la "parcialidad con la que está actuando" el Ministerio Público "en este asunto".
En un escrito dirigido a la Sala de lo Penal del alto tribunal, recogido por Europa Press, la APIF --representada por los letrados Juan Antonio Frago, Verónica Suárez, Álvaro Bernad y Napoleón Cánovas-- sostiene que "la idoneidad, necesidad y la proporcionalidad" de esa medida se encuentra justificada, y lamentan que la Fiscalía lo recurra con un argumento "absolutamente falaz".
"Lo cierto y verdad es que, al contrario de cuanto discute en su recurso, el deber de motivación se cumple sobradamente en este caso, de suerte que sendos autos permiten conocer a la perfección las razones por las que fueron adoptados y que estas razones han de reputarse más que suficientes para la práctica de las diligencias cuestionadas, tal y como se ha visto", añade.
En esta línea, la APIF sostiene que "es la primera vez que ha tenido conocimiento de un caso en el que el Ministerio Fiscal solicita la nulidad de una orden de entrada y registro acordada judicialmente". "De hecho, es tan evidente que el Ministerio Fiscal está asumiendo el papel de defensor de los investigados que en su recurso acusa al tribunal de incurrir en 'omisiones deliberadas' que 'dificultan enormemente las posibilidades defensivas de los querellados'", lamenta.
La asociación añade que "el día en el que se practicó la entrada y registro, mientras" la Unidad Central Operativa (UCO) "realizaba sus pesquisas, García Ortiz y la fiscal designada fueron vistos revisando un móvil aparentemente perteneciente al investigado".
"Para corroborarlo, hemos solicitado al magistrado instructor que cite como testigo al fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada, dado que presenció lo anterior", ha explicado la APIF.
INVESTIGACIÓN AL FISCAL GENERAL
Cabe recordar que el Supremo abrió causa contra García Ortiz el pasado 16 de octubre, en base a las querellas presentadas, entre otros, por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, y a la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.
González Amador llevó el caso a los tribunales por una nota difundida el pasado 14 de marzo por la Fiscalía donde se daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal del caso en su contra, Julián Salto, para negociar un acuerdo.
El Supremo, sin embargo, no apreció delito en la nota de prensa, sino que puso el foco en las filtraciones anteriores sobre esos 'emails' a los medios de comunicación.
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