Madrid, 13 nov (EFECOM).- Aopyde, que defiende los intereses de los operadores petrolíferos y distribuidores de España, ha acusado al Gobierno de cargar a los ciudadanos, con un incremento de 10 céntimos de la tasa sobre el diésel, el impuesto de las grandes energéticas, a las que pide que asuman su carga fiscal.
"Solicitamos que las grandes energéticas asuman la carga fiscal proporcional a sus beneficios y que se libere a los transportistas y al consumidor final de un coste adicional injusto", reclama la asociación en un comunicado.
"A pesar de los objetivos sociales y económicos del impuesto extraordinario a las grandes energéticas, Repsol y Cepsa, apoyadas por los partidos nacionalistas y vinculado con su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, han llegado a amenazar con reducir sus inversiones en proyectos clave de energías renovables si la medida no se eliminaba, una muestra de fuerza y poder de 'lobby' de estas compañías", sostienen.
Con la retirada del impuesto, Aopyde considera que ha quedado en evidencia un "chantaje fiscal" que menoscaba la equidad tributaria y que desplaza la carga hacia el consumidor final.
A este respecto, apuntan que el sistema fiscal debe priorizar la justicia y proteger a los sectores más vulnerables, no someterse a los intereses de un pequeño grupo de grandes corporaciones, desactivando, una vez más, la competitividad del sector.
Por ello, exigen al Gobierno que reconsidere esta medida y defienda los intereses de los ciudadanos y pequeños empresarios españoles.
Aopyde indica que la subida de 10 céntimos en el impuesto sobre el diésel, que se hará efectivo a partir de enero de 2025, repercutirá especialmente sobre los consumidores y sobre un gran número de transportistas españoles, esenciales para el transporte de mercancías en nuestro país.
Recuerda que asociaciones del transporte han advertido de que ello comprometerá la viabilidad de miles de autónomos de vehículos de menos de 7,5 toneladas, que representan una tercera parte de la flota total en España.
Al no ser elegibles para la devolución de impuestos por el gasóleo profesional, estos transportistas asumirán el impacto íntegro de esta subida, amenazando su sostenibilidad y el coste final de los productos para los consumidores, subrayan en su nota.
Por ello, Aopyde entiende que la presión ejercida por las grandes compañías energéticas sobre el Gobierno para evitar su contribución al impuesto extraordinario ha dado sus frutos y se ha traducido en un aumento del impuesto sobre el diésel de automoción que recaerá directamente en el consumidor final y en los transportistas autónomos, con las probables consecuencias de una nueva subida generalizada de precios al consumo. EFECOM
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