Madrid, 5 nov (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy autorizar la tramitación urgente del proyecto de real decreto para crear un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, que estudiará edificaciones, escudos, insignias, placas u otros elementos adosados a edificaciones o construcciones.
Así lo recoge la referencia del Consejo de Ministros de este martes, en la que el Ejecutivo indica que la medida desarrolla lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática, que incluye "la constitución y regulación de las funciones y composición de una comisión técnica a tales efectos".
"Dicho real decreto regula las determinaciones para la confección del catálogo, los datos de identificación de cada elemento a incorporar, la justificación de dicha determinación como elemento contrario a la memoria democrática, requisitos y cauces de comunicación de datos para su inclusión por las comunidades autónomas, otros entes públicos y entidades memorialistas; o los resultantes de estudios y trabajos de investigación", explica en el escrito.
El Gobierno apela al artículo 35 de la ley que establece que se consideran elementos contrarios a la memoria democrática "las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública" en los que "se realicen menciones conmemorativas de la sublevación militar y de la dictadura".
Asimismo, prosigue, como de dirigentes, participantes, organizaciones, unidades militares o civiles "en el sistema represivo" de la dictadura o de "las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial".
Advierte el Gobierno que en las administraciones territoriales autonómicas y locales -o en bienes de titularidad privada- aún persisten "dificultades para el cumplimiento de este mandato legal".
Por ello, les remarca que son las responsables, en el ejercicio de sus competencias y territorio, de tomar "las medidas oportunas" para la retirada de elementos contrarios ya sean en ubicaciones de carácter público, privado o religioso.
Destaca que los datos suministrados por las comunidades autónomas serán "imprescindibles" para la confección del catálogo y urge a suministrarlos para confeccionarlo "en el menor plazo posible".
Finalmente, el Gobierno aclara que existen "múltiples casos" en los que dichos elementos se encuentran en bienes protegidos por las leyes del patrimonio histórico o cultural", por lo que será una comisión técnica la que determine si son elementos contrarios a la memoria democrática o, en su caso, su eventual retirada o eliminación.EFE
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