Madrid, 18 oct (EFECOM).- Las administraciones públicas sólo pueden exigir una declaración responsable para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha advertido de que exigir una licencia o autorización previa vulnera la normativa.
En concreto, esa exigencia vulnera el artículo 5 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), ha dicho este viernes la CNMC, que ha señalado que sólo se puede exigir una licencia si las infraestructuras eléctricas de los puntos de recarga se instalan en edificios considerados bien de interés cultural o tienen una potencia superior a los 3.000 kilovatios.
La CNMC ha pedido a las administraciones públicas que ajusten sus actuaciones a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y a la regulación sectorial en la materia, después del análisis que ha hecho de los posibles obstáculos que existen en España para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos.
El análisis lo ha hecho a petición de la Secretaria para la Unidad de Mercado, que conoció de la existencia de estas barreras a través de la Asociación de Empresas para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive) y de los resultados de la consulta pública que hizo sobre este tema la CNMC. EFECOM
Últimas Noticias
Sánchez cierra la campaña cargando contra Guardiola por agitar el "pucherazo" y no denunciar acoso en el PP

El PP dice que el líder del PSdeG debería dimitir porque "conocía" las denuncias de acoso sexual y "las tapó"
Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular, exige la renuncia inmediata de Gómez Besteiro tras acusarlo de ocultar informes sobre conducta inapropiada y mentir, señalando falta de transparencia y alegando encubrimiento por parte del líder socialista gallego

El único diputado de Podemos en Aragón acusa al partido de no querer hacer primarias para elegir candidatos

Gamarra: "La Audiencia Nacional ya investiga las cuentas del PSOE y no lo haría si no hubiera indicios de delito"
El órgano judicial abre una investigación reservada tras la entrega de documentación sobre pagos en efectivo entre 2017 y 2024, mientras se alerta sobre presuntas irregularidades en la financiación y se involucra a varios altos cargos socialistas

La Audiencia Nacional confirma la absolución de Villarejo por el encargo de un empresario sobre Martinsa-Fadesa



