El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado este jueves el envío al Gobierno de un requerimiento previo a la vía judicial para exigir el pago de 210 millones de euros procedentes de la liquidación del modelo de financiación autonómica de 2022.
En concreto, el Consejo de Gobierno celebrado este jueves ha autorizado a Carriedo a formalizar este requerimiento que se basa en el principio de lealtad institucional, ya que esta cuantía de 210 millones obedece a lo que la Junta de Castilla y León calcula que dejó de percibir como consecuencia de decisiones que el Gobierno adoptó sin contar con las autonomías y que repercutió finalmente en sus ingresos.
Como ha defendido Fernández Carriedo, el objetivo de la Junta es poder llegar a un acuerdo con el Gobierno para lograr ingresar estas cuantías, no obstante, ha señalado que, al igual que realizan otras autonomías, de no poder negociar esta cifra el Ejecutivo regional acudirá a los tribunales para alcanzar un acuerdo satisfactorio.
Esta situación es similar, según ha avanzado el consejero, a la que se dio con la liquidación del IVA de 2017 cuando la Junta requirió al Gobierno una cuantía de 182 millones que, al no lograr un acuerdo, se llevó al Tribunal Supremo desde donde se falló el pago a Castilla y León de 192 millones de euros al sumar una partida de 10 millones en intereses.
"Vamos a intentar no tener que ir al Supremo y lograr un acuerdo previo a la vía judicial", ha detallado, al tiempo que ha subrayado: "Si se toman decisiones sin contar con las comunidades autónomas debe asegurar la financiación de esas decisiones, ya que no se trata de que el dinero llegue a Castilla y León sino a los servicios públicos que prestamos".
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