España necesitará más de 230.000 millones de euros para pagar las pensiones públicas en 2026, un 13% del PIB según KPMG

El sistema público de pensiones en España afronta un incremento de gasto que situará el desembolso en pensiones contributivas por encima de los 230.000 millones de euros en 2026, una cifra equivalente al 13% del Producto Interior Bruto, según el último informe presentado por la consultora KPMG. Este crecimiento coloca a España entre los países europeos con mayor esfuerzo financiero para esta prestación.

De acuerdo con sus cálculos, el gasto anual previsto para el ejercicio 2026 representa un aumento del 5,8% respecto a 2025. Este incremento responde a dos factores determinantes: el volumen de personas que acceden a la jubilación y la política de revalorización automática de las pensiones conforme al IPC. Según el informe, la tendencia de los últimos años muestra un alza acumulada superior al 10% en el desembolso total, una dinámica que tensiona las cuentas públicas y obliga a revisar la sostenibilidad del sistema.

El análisis de la consultora advierte que la nómina mensual abonada por la Seguridad Social en enero de 2026 supera los 14.250 millones de euros solo en prestaciones contributivas, con más de 10,4 millones de pensiones en vigor. De ellas, 6,6 millones corresponden a pensiones de jubilación y el resto se reparte entre viudedad, incapacidad permanente, orfandad y favor de familiares. Así, la cuantía media de la pensión de jubilación alcanza los 1.560 euros mensuales.

KPMG subraya que el contexto demográfico explica buena parte de la presión financiera que recae sobre el sistema. La población mayor de 65 años en España representa ya el 20,7% del total y se prevé que alcance el 30,3% en 2050. Este crecimiento del colectivo de mayores, unido a la escasa incorporación de población activa, reduce la base de cotizantes y aumenta la carga que soporta la Seguridad Social para cubrir el pago de prestaciones.

Según las proyecciones, la ratio de dependencia, que mide la relación entre personas en edad de trabajar y pensionistas, se duplicará en las próximas décadas. En 2025 se contabilizan 39 mayores de 65 años por cada 100 personas en edad laboral, pero en 2050 la cifra rozará las 80. Esta transformación demográfica genera un escenario en el que la financiación vía cotizaciones sociales resulta insuficiente para cubrir la totalidad del gasto, lo que exige transferencias estatales y una política fiscal que garantice la viabilidad de las prestaciones.

La “generosidad” del sistema español: las pensiones crecen más que los salarios

El estudio de KPMG destaca que el 77% de los ingresos de la Seguridad Social proviene de las cotizaciones sociales, pero advierte que la presión fiscal sobre el empleo en España es un 34% superior a la media de la Unión Europea. El peso de las cotizaciones empresariales alcanza el 25,8% de los ingresos fiscales nacionales, frente al 17,9% del entorno europeo, lo que incrementa el coste laboral y afecta a la competitividad del mercado de trabajo.

La evolución del gasto en pensiones públicas en la última década ha estado marcada por un crecimiento acumulado de la pensión media, que entre 2011 y 2024 aumentó un 57,1%. En paralelo, el salario medio solo creció un 29,5%, lo que ha elevado la tasa de sustitución -la relación entre la primera pensión y el último salario- hasta el 80,4%, la más alta de Europa. Este dato refleja la generosidad del sistema español en comparación con los estándares de la OCDE, donde la media se sitúa en el 50,7%.

El informe de KPMG advierte de que, pese a las reformas introducidas para reforzar la sostenibilidad, el déficit contributivo de la Seguridad Social supera el 1,9% del PIB y la deuda acumulada del sistema alcanza los 136.000 millones de euros en 2025. El incremento del gasto, la indexación de las prestaciones y el aumento estructural del número de beneficiarios consolidan un escenario en el que la sostenibilidad financiera del sistema exige nuevas medidas, según concluyen los expertos consultados por la firma.

Además, las previsiones para los próximos años apuntan a que España mantendrá un esfuerzo fiscal en pensiones por encima del resto de países europeos, con un gasto que seguirá creciendo en línea con el envejecimiento de la población y la evolución de la economía.