El acoso telefónico continúa pese a la nueva ley: el 98% de los consumidores sigue recibiendo llamadas spam

La entrada en vigor a finales de 2025 de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC) con el objetivo de proteger a los consumidores españoles frente a las prácticas abusivas de las llamadas comerciales no ha frenado el bombardeo de spam telefónico. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la situación lejos de mejorar ha empeorado.

La entidad denuncia que el 98% de la población sigue recibiendo llamadas de spam, una cifra que evidencia la escasa efectividad de la normativa hasta la fecha. De acuerdo con una encuesta realizada por la OCU entre personas de 25 a 94 años, el porcentaje de quienes reciben más de 10 llamadas comerciales al mes pasó del 37% al 58% en el último año.

La organización de consumidores señala que habrá que esperar a que transcurra el plazo de adaptación de 12 meses de la Ley para confirmar su alcance real. Mientras tango, urge a las empresas que comercializan servicios básicos, como gas y luz, pero también telecomunicaciones, transporte, agua o finanzas, a que empiecen a utilizar los prefijos 400 en sus llamadas comerciales, una norma obligatoria a partir del próximo octubre que al menos “permitirá distinguir estas llamadas del resto; y rechazarlas si así se desea”, señalan fuentes de la OCU.

Creación de un registro público

Los representantes de los consumidores también reclaman a la Administración la creación de un registro público que identifique a las empresas que realizan llamadas comerciales. Esta herramienta facilitaría el reconocimiento de la procedencia de las llamadas y habilitaría mecanismos para denunciar posibles abusos, un aspecto que, según la organización, resulta fundamental para que los consumidores puedan ejercer sus derechos.

La OCU recuerda a los usuarios que un nuevo contrato que se origine con una llamada comercial no consentida se considera no válido. Es más, desde el próximo 12 de junio se prohíbe la contratación telefónica del suministro de electricidad, salvo petición previa del usuario o que la llamada haya sido iniciada por él; una condición que la organización espera que se extienda al suministro de gas. En estos casos anima a reclamar a la compañía por escrito, identificando las fechas y el tipo de llamada recibida.

Estas malas prácticas de marketing telefónico obligan a los consumidores a desarrollar diversas estrategias de defensa. Entre las más utilizadas, un 45% de los encuestados opta por aplicaciones o funciones del móvil que detectan posibles llamadas de spam, mientras que un 18% se apunta a la lista Robinson para excluirse de campañas publicitarias.

Otras medidas, como bloquear números tras identificarlos como comerciales —una acción llevada a cabo por el 70% de los usuarios— resultan poco efectivas debido a que las empresas utilizan múltiples números para sortear estos bloqueos, a juicio de la OCU. Mientras que no responder llamadas de números desconocidos (43%) tampoco garantiza protección, ya que puede implicar perder comunicaciones importantes de familiares, amigos o servicios de entrega.

Más controles e inspecciones

En este contexto, la organización exige que se garantice cuanto antes el derecho de los consumidores a identificar fácilmente a la empresa desde la que se realiza la llamada. Esta identificación resulta esencial para ejercer derechos fundamentales sobre la protección de datos, como el acceso, la rectificación o la supresión de información personal.

También insiste a las autoridades competentes que lleven a cabo controles e inspecciones, sobre todo en los sectores más denunciados como energía, telecomunicaciones y finanzas, especialmente de los callcenter que trabajan para estas empresas.