La Justicia española abre diligencias contra Netanyahu y la cúpula militar israelí por la agresión de un ‘casco azul’ español en Israel

La Audiencia Nacional ha acordado la apertura de diligencias previas contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelíes, Herzi Halevi, por presuntos delitos de crímenes de guerra, detención ilegal y coacciones por la retención de un soldado español de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas (FINUL) el pasado 7 de abril, tal y como dicta el auto al que ha tenido acceso Infobae.

La decisión, adoptada por el Juzgado Central de Instrucción número 6, responde a una denuncia presentada por el partido político Iustitia Europa, en la que también se abren diligencias contra el comandante del comando norte de las IDF, responsable operativo directo de las fuerzas desplegadas aquel día, así como otros mandos militares y posibles autores materiales que pudieran ser identificados durante la instrucción. Es la primera vez que un tribunal español investigará al primer ministro israelí y a su jefe militar.

Según la denuncia del partido europeo, a las 11.30 del pasado 7 de abril, en la demarcación de Taybeh (sur del Líbano, zona bajo mandato de la misión de Naciones Unidas), un convoy logístico de tres vehículos perfectamente identificados con emblemas de la ONU del contingente español fue interceptado “de forma deliberada y hostil” por fuerzas israelíes, asaltando el vehículo “de cabeza”.

La misión de Naciones Unidas en Líbano

El sargento del Ejército de Tierra español, cuyo nombre no se ha hecho público por motivos de seguridad, fue extraído por la fuerza y con extrema violencia de su vehículo. Este hecho fue calificado por fuentes oficiales como un “acto absolutamente hostil con violencia física”. Acto seguido, al militar español “le metió en un vehículo con una violencia evidente”, procediendo a su traslado forzoso a una “localización distinta y no autorizada”, tal y como dicta la denuncia interpuesta el pasado 10 de abril.

Ahora, el magistrado Antonio Piña dicta que los hechos presentan “características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, por lo que acuerda incoar diligencias previas para esclarecer lo ocurrido, identificar a los posibles responsables y determinar las correspondientes responsabilidades penales.

La denuncia sostiene que la actuación de las fuerzas israelíes vulneró el Derecho Internacional Humanitario y la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que garantiza la inviolabilidad del personal desplegado en misiones de paz y la libertad de movimientos de los contingentes internacionales.

Asimismo, el escrito califica la retención del militar español como una detención ilegal y un trato degradante, al haberse producido con “violencia evidente” y con la finalidad de amedrentar al contingente de la misión. Y explican que la liberación del sargento se produjo tras gestiones diplomáticas urgentes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

La versión de Defensa

Según la versión trasladada por el Ministerio de Defensa, el incidente se produjo cuando fuerzas israelíes bloquearon un convoy logístico de la FINUL que transportaba alimentos y suministros destinados al contingente indonesio desplegado en la zona. En el transcurso de esa intervención, varios efectivos fueron retenidos, entre ellos un militar de nacionalidad española.

La retención se prolongó durante “menos de una hora” y concluyó tras la “protesta más enérgica” cursada por España tanto ante Naciones Unidas como ante las autoridades israelíes. El propio comunicado de la FINUL confirmó el bloqueo del convoy, aunque sin detallar la nacionalidad de los soldados afectados.

En declaraciones posteriores, detalló que los militares fueron objeto de “conductas agresivas” y de una “violencia evidente” por parte de un miembro del Ejército israelí, al que describió como “exaltado”, insistiendo en la necesidad de abordar lo sucedido con “prudencia” y “respeto”.