La activista hispanovenezolana Ángela Expósito ha sido excarcelada en Venezuela tras pasar siete años en prisión, beneficiada por la reciente Ley de Amnistía aprobada por las autoridades del país, aunque deberá cumplir medidas cautelares.
Expósito permanecía detenida desde septiembre de 2018, cuando fue acusada de participar en el supuesto intento de magnicidio con drones contra el entonces presidente Nicolás Maduro, y fue condenada en 2022 a 24 años de cárcel por terrorismo y asociación para delinquir.
Bióloga y activista, legó a la prisión de El Helicoide en la madrugada del 22 de septiembre de 2018, después de ser detenida durante un operativo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en su viviendo de Los Teques. Según denunciaron entonces sus familiares y organizaciones de derechos humanos, la activista fue arrastrada por el cabello por agentes encapuchados durante un despliegue en el que participaron alrededor de sesenta efectivos.
Su detención se produjo en el marco de la investigación por el supuesto intento de magnicidio con drones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de 2018 y conocido como “Operación Fénix”, que dejó siete heridos entre la guardia presidencial. Las autoridades sostuvieron que Expósito había formado parte de la red de apoyo logístico del ataque y que había dado cobijo en su vivienda a Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, alias “Morfeo”, señalado como uno de los implicados en la operación.
Sin embargo, la activista defendió siempre su inocencia. Durante el proceso judicial declaró que había aceptado alojar al joven porque una conocida le aseguró que necesitaba ayuda con los trámites documentales y que colaboraría en el refugio de animales que gestionaba. “La protección animal no es un acto terrorista”, afirmó entonces cuando se celebró el juicio en 2019. Pese a ello, en agosto de 2022 fue condenada a 24 años de prisión por los delitos de terrorismo y asociación para delinquir. Dos años después, el Tribunal de Casación ratificó la sentencia.
De rescatar animales a la cárcel sin pruebas
Nacida en 1965 y con doble nacionalidad española y venezolana, Expósito es bióloga, profesora jubilada de la Universidad Simón Bolívar y conocida activista por los derechos de los animales. Antes de su detención dirigía Fundanimal, una organización dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de animales abandonados, que llegó a albergar a más de 180 perros.
No obstante, su trabajo comenzó a tomar una dimensión política, de forma involuntaria, cuando aceptó cuidar mascotas pertenecientes a personas perseguidas por el gobierno venezolano. Entre ellas, el perro del exinspector Óscar Pérez, el policía abatido por las fuerzas de seguridad de Maduro en enero de 2018, y animales de la familia del coronel disidente Oswaldo García Palomo.
Durante su estancia en prisión denunció haber sufrido torturas y condiciones de reclusión extremadamente duras. En una audiencia celebrada en diciembre de 2019 afirmó además no tener familia en Venezuela. “Mi madre está en Madrid”, declaró ante el tribunal.
Libre, pero con restricciones
Aunque ha recuperado la libertad, Expósito deberá cumplir medidas cautelares que le impiden, por ahora, narrar públicamente lo ocurrido durante sus siete años y medio de encarcelamiento. Además, cabe destacar que aún quedan numerosos presos políticos por salir.
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