El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

¿Dónde está el informe? “Está casi terminado”, señala uno de sus autores. “En tramitación”, afirman desde el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente. “Eso nos gustaría saber”, se lamenta el principal interesado, un portavoz del Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, gobernado por el PP. Unos por otros, la casa sin barrer, como dice el tradicional refranero español. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana formalizó en junio de 2021 un contrato para que una UTE formada por tres empresas redactase un informe que analizara si era viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte, localidad de 66.000 habitantes.

Fue uno de los últimos contratos licitados por Transportes bajo el mandato de José Luis Ábalos, que dejaría el Ministerio en julio de 2021. Un mes antes, la Plataforma de Contratación del Estado formalizaba la adjudicación de este trabajo a la UTE formada por Fulcrum (empresa de ingeniería vasca) y TEMA (otra consultora de ingeniería). El presupuesto del encargo fue de 236.006 euros y el plazo de ejecución fijado, de 24 meses, es decir, para el verano de 2023. Pero estamos en febrero de 2026 y nadie sabe cuándo estará listo el informe, que debe analizar “los condicionantes existentes y futuros desde el punto de vista urbanístico y ambiental para la implantación del nuevo trazado, que incluirá también la definición de distintas estaciones, tanto en Boadilla del Monte como en otros núcleos de población por los que pudiera discurrir la infraestructura”.

Boadilla del Monte, que lleva ya tiempo reclamando a Transportes conocer el informe, señala que el Ministerio reconoció que el documento seguía en tramitación cuando en diciembre de 2025 se licitó un nuevo estudio de viabilidad para intentar prolongar hasta la localidad de Navalcarnero la línea de Cercanías que ya llega a Móstoles.

Este es un proyecto viejo, que Esperanza Aguirre presentó en las elecciones madrileñas de 2007. Las obras, que la expresidenta asumió ante las dudas del Gobierno central, y pese a que era una competencia estatal, se adjudicaron ese año y se interrumpieron en 2012. El motivo que alegó la concesionaria (OHL, hoy OHLA) fue la falta de financiación. El estudio ahora encargado analizará el grado de avance alcanzado en las obras —se construyeron ocho de los casi 15 kilómetros diseñados— y el análisis de su posible aprovechamiento total o parcial.

En los pliegos de condiciones del contrato de esta última licitación, la de Navalcarnero, el Ministerio señala que “la Subdirección General de Planificación Ferroviaria, en el marco de diversos contratos y encargos, está abordando el análisis de viabilidad de diversas extensiones de los servicios de Cercanías de Madrid. En el ámbito suroeste y oeste de Madrid, se han analizado, entre otras poblaciones, las extensiones a Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte”.

El estudio de Boadilla sigue “en tramitación”, reconocía Transportes en diciembre de 2025. En teoría, debería haberse terminado en junio de 2023. “El Plan Integral de Cercanías 2018–2025 fijaba esa actuación como prioritaria y confiaba en una planificación técnica sólida para integrar a Boadilla en la red ferroviaria convencional de alta demanda. Sin embargo, casi cinco años después de la formalización de dicho contrato, el Gobierno reconoce implícitamente en la licitación del nuevo estudio que el anterior documento no existe en términos útiles”, denuncia un portavoz del Ayuntamiento boadillense.

“Casi finalizado”

El mencionado proyecto “está casi finalizado, pero todavía no ha terminado del todo, puesto que ha sido objeto de diferentes prórrogas y aún le quedan trámites administrativos por cumplimentar”, explica a Infobae un portavoz de la empresa Fulcrum. ¿Qué prórrogas? En el portal de contratación no aparecen. “Respecto a los motivos de las prórrogas no te puedo facilitar más información, los pliegos de cláusulas del Ministerio establecen obligación de confidencialidad al consultor en lo referente a todo lo relativo al trabajo que se realiza para el Ministerio, es por ello no puedo dar más detalles”, concluye el mismo portavoz.

Este diario ha trasladado varias cuestiones a Transportes. ¿Por qué la UTE adjudicataria no ha terminado en tiempo el estudio de viabilidad sobre Boadilla?, ¿cuándo está prevista su entrega al Ministerio de Transportes?, ¿cuáles han sido las causas del retraso en su entrega? No ha obtenido respuesta.

“En el texto de la licitación para el corredor Móstoles–Navalcarnero, el Ministerio señala la necesidad de ‘sinergias’ con otros análisis de ampliaciones de Cercanías en el suroeste y oeste de Madrid, lo que plantea una contradicción básica: ¿cómo se puede sustentar un nuevo estudio basándonos en uno que no está terminado?“, se preguntan desde Boadilla.

Este cuestionamiento, lejos de ser retórico, tiene implicaciones reales para la planificación regional. La ausencia de conclusiones cerradas sobre Boadilla condiciona decisiones de inversión, trazado, prioridades y financiación que afectan a múltiples municipios. ”Todo esto adquiere un matiz más político cuando se recuerda que el contrato se formalizó bajo un ministro que hoy está en prisión preventiva a la espera de juicio en el Tribunal Supremo, tras ser imputado en una causa distinta por presuntas irregularidades en contratos públicos. Esa circunstancia no es la noticia en sí misma, pero se ha convertido en parte del debate político sobre la gestión de proyectos y la responsabilidad en la ejecución de políticas públicas”, concluyen desde Boadilla.