La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intensificó este miércoles sus ataques contra las familias de las víctimas de las residencias madrileñas que han denunciado en los tribunales los protocolos aplicados por su Gobierno durante la primera ola de la pandemia. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada en San Sebastián de los Reyes, Ayuso se refirió a estos colectivos como una “plataforma de frustrados de la izquierda madrileña” y aseguró que tanto ellos como “los activistas mediáticos que les hacen el caldo gordo” acumulan “143 procesos judiciales perdidos”.
Las declaraciones se produjeron al ser preguntada por una periodista sobre la comparecencia judicial, el pasado lunes, de un exalto cargo de su Ejecutivo durante la pandemia, Carlos Mur, responsable de los protocolos de derivación hospitalaria en residencias. Ayuso respondió vinculando las denuncias presentadas por las familias de los fallecidos a una estrategia política y mediática, y situó el debate en un contexto nacional al afirmar que en España “han muerto más de 120.000 personas” por la pandemia “y por lo que el Gobierno nunca dio explicaciones”.
La presidenta madrileña defendió de nuevo la actuación de su Ejecutivo y cuestionó que se mantengan vivas las investigaciones judiciales sobre la gestión de las residencias en Madrid. Según Ayuso, estas causas responden a intereses ajenos a la búsqueda de responsabilidades y forman parte de una campaña sostenida en el tiempo contra su Gobierno.
La declaración de Carlos Mur
El endurecimiento del discurso de la presidenta coincide con el avance de una de las investigaciones judiciales que tratan de esclarecer si los protocolos aplicados en las residencias durante los meses más duros de la pandemia impidieron el traslado de miles de personas mayores a los hospitales. En su declaración ante el juez, Carlos Mur explicó que aquellas instrucciones tenían sentido siempre que los geriátricos fueran medicalizados, una condición que, según señaló, no se cumplió.
Mur fue uno de los responsables de los documentos que establecían criterios de derivación hospitalaria en un contexto de saturación del sistema sanitario. Estos protocolos han sido calificados por asociaciones de familiares y por la oposición como “los protocolos de la vergüenza”, al considerar que supusieron una denegación de asistencia sanitaria a personas mayores en función de su situación funcional o de dependencia.
Durante su comparecencia judicial, Mur señaló también que otros altos cargos del Gobierno regional conocían la existencia y el contenido de estos documentos. Entre ellos mencionó a la actual consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, que en aquel momento ocupaba un puesto de responsabilidad en el Ejecutivo madrileño, así como al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, hoy senador por el Partido Popular.
La Comunidad de Madrid ha sostenido de manera reiterada que no existieron órdenes políticas para negar atención hospitalaria y que las decisiones clínicas correspondieron en todo momento a los profesionales sanitarios. Sin embargo, las familias de los fallecidos y las organizaciones que las representan mantienen que los protocolos condicionaron de forma decisiva el acceso a los hospitales de miles de residentes.
Antecedentes de confrontación con las familias
No es la primera vez que la presidenta madrileña dirige descalificaciones a las asociaciones de familiares de las víctimas. En febrero de 2025, Ayuso ya se refirió a estos colectivos como una “marea de rebotados” que, según dijo entonces, no habían logrado puestos en los partidos de la oposición en Madrid. En aquella ocasión, sus palabras provocaron una fuerte polémica política y social.
Durante un pleno posterior de la Asamblea de Madrid, en el que Más Madrid y el PSOE exigieron a la presidenta respeto para las familias de los fallecidos, Ayuso replicó con una expresión que volvió a tensar el debate: “Siempre nos están llevando por las mismas mierdas”. Aquella intervención fue duramente criticada por la oposición, que acusó a la presidenta de faltar al respeto a las víctimas y de evitar asumir responsabilidades políticas.
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