Adif alteró puntuaciones para favorecer a una empresa del caso Koldo e ignoró una denuncia interna dos años antes del inicio de la investigación

La empresa Adif, dependiente del Ministerio del Transportes, alteró “sin motivos ni justificación” la puntuación de los criterios subjetivos que determinan las adjudicaciones de contratos públicos para favorecer a empresas, entre las que se incluye una investigada en el caso Koldo, y no atendió con el suficiente “rigor” las denuncias anónimas de empleados que alertaban de estas irregularidades a través de su canal ético. Estas son las conclusiones que ha hecho el Tribunal de Cuentas en su informe fiscal de 2025, entre los que se incluye un análisis de fiscalización de los procedimientos de gestión y control implantados por Adif.

La empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR) es una de las empresas que aparece en los informes de la UCO del caso Koldo, como una de las beneficiarias de contratos públicos entregados a dedo por el Ministerio de Transporte, encabezado en ese momento por José Luis Ábalos.

Según los escritos y grabaciones que forman parte del sumario, directivos de OPR, especialmente los hermanos Daniel y Antonio Fernández, habrían mantenido contactos y relaciones con Koldo García y con altos cargos políticos y técnicos para influir en licitaciones y adjudicaciones, aunque en sus declaraciones ante el Tribunal Supremo han negado haber pagado presuntas mordidas vinculadas a estas operaciones.

Una denuncia interna de 2022

En el informe del Tribunal de Cuentas se recoge una denuncia que afecta a esta empresa del 15 de septiembre de 2022, dos años antes del inicio de la causa judicial en el Tribunal Supremo, sobre “falsificación de puntuaciones en licitaciones de contratos de obras para favorecer a una empresa”. En concreto, trataba tres expedientes en los que esta empresa habría sido favorecida. En todos ellos, la empresa “obtuvo la mejor puntuación en la valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor”, pero en los dos primeros no consiguió los contratos por la puntuación en la valoración objetiva de la oferta.

En el tercero sí obtuvo la adjudicación y se trata de un contrato financiado por fondos europeos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Esta data de 2021, cuando Adif Alta Velocidad adjudicó un contrato de más de 65 millones de euros a una UTE en la que OPR tenía un 30% de participación, tras un proceso de licitación con múltiples criterios de valoración.

Según el informe del Tribunal de Cuentas, la UTE obtuvo la mejor puntuación técnica, basada en criterios subjetivos como memoria de trabajo, calidad o medidas medioambientales, y quedó primera en precio después de que tres ofertas más baratas fueran excluidas por considerarse “temerarias”. Sin embargo, el Tribunal advierte de que las valoraciones técnicas carecían de motivación suficiente, ya que se utilizaron expresiones vagas como “correcto” o “adecuado”, no se desglosaron las puntuaciones por subcriterio y los totales no coincidían con los cálculos individuales, lo que podría indicar modificaciones previas o errores en las evaluaciones.

Otros dos contratos con deficiencias

El caso no terminaba ahí. En marzo de 2023, un informe de Adif sobre esta denuncia, reveló que, desde 2013 hasta septiembre de 2022, la empresa señalada había obtenido supuestamente 21 contratos. El Tribunal de Cuentas, tras analizar los contratos, constató que en realidad fueron 11, de los cuales siete se adjudicaron entre junio de 2018 y julio de 2021, coincidiendo con el mandato del entonces ministro José Luis Ábalos por un total de 77,6 millones de euros.

Dos de estos contratos, incluido uno de más de 65 millones vinculado al PRTR, mostraban las mismas deficiencias en los pliegos y en la valoración técnica que habían suscitado la denuncia inicial. Posteriormente, entre 2022 y 2023, la empresa consiguió tres contratos más, dos de ellos también incluidos en el PRTR, por un total de 48,6 millones de euros, y en todos se mantuvieron las mismas carencias en la justificación técnica y en la transparencia del proceso de adjudicación, según el análisis del Tribunal de Cuentas.

La empresa ferroviaria encargó entonces a INECO un informe pericial externo para revisar la valoración técnica de los tres expedientes afectados por la denuncia de presuntas manipulaciones, en el que se evidenció que las puntuaciones parciales se modificaron sin motivación, partiendo de un informe inicial que ya carecía de justificación detallada, lo que pone en duda, según el Tribunal, la imparcialidad del proceso y la independencia del peritaje, especialmente al conocerse de antemano los resultados de la valoración económica.

Ya en junio de 2024 el Director de Auditoría Interna de ADIF remitió un informe a la Secretaría General de Transporte Terrestre en el que concluyó que, tras analizar la denuncia recibida en el Canal Ético sobre presuntas irregularidades en licitaciones, “no se acreditaron indicios de conductas ilícitas”.

No obstante, el Tribunal de Cuentas ha revisado 14 expedientes adicionales de obras vinculados al PRTR adjudicados entre 2019 y 2022 y constató que, en todos ellos, los pliegos y los informes de valoración técnica seguían un modelo en el que se asignaban puntuaciones a criterios subjetivos sin especificar la ponderación de los subcriterios, incorporando aspectos no previstos en los pliegos.

Adif asegura haber cumplido con las normas y asegura estar investigando las denuncias

Preguntado por estas denuncias, un portavoz de Adif han explicado a Infobae que la compañía aplica, como entidad pública empresarial, “todos los procedimientos establecidos en el marco normativo de la contratación pública”. Asimismo, añaden que “en todo proceso de licitación la evaluación de las ofertas corre a cargo de técnicos especializados, que analizan y valoran dichas ofertas conforme a los criterios establecidos en el pliego”.

En cuanto a este expediente en particular, Adif ha confirmado haber recibido una denuncia a través de su buzón ético, “que se investigó conforme a los procedimientos de auditoría interna implantados en la entidad”, han asegurado.

La otra denuncia interna de Adif

La otra denuncia analizada hace referencia a un contrato adjudicado por 22 millones de euros en 2022. La persona denunciante relata que un empleado de Adif no identificado habría dado instrucciones a otros dos empleados de la compañía pública de ingeniería INECO, que ayudó en la valoración técnica, para cambiar sus valoraciones sobre las ofertas presentadas en tres licitaciones. La explicación que daba: era una orden de su superior jerárquico en Adif.

Cuando se reciben este tipo de ofertas, explica en su documentación Adif, se forma un grupo de apoyo, generalmente compuesto por personal de INECO. Este grupo elabora un borrador inicial de la valoración y lo envía a un empleado de Adif. El empleado revisa las ofertas y compara el borrador con su propio análisis, lo que a veces requiere hacer cambios en algunos puntos del informe.

Las modificaciones que se consideran necesarias se discuten con sus superiores, hasta llegar al subdirector, quien también tiene acceso a las ofertas. Después de esta reunión, se acuerdan unas indicaciones que el empleado de Adif comunica al grupo de apoyo de manera verbal, para que se incluyan en el archivo final de puntuaciones, que servirá para generar el informe técnico completo que se tramita oficialmente.

Es importante aclarar que el procedimiento de este contrato no define exactamente qué rol tienen los técnicos de INECO en este proceso. En este caso, la tarea de INECO estaba relacionada con la asistencia técnica y la dirección de las obras, pero no con la firma del proceso de licitación, algo que la consultora ya mencionó en su informe. De hecho, los técnicos de la consultora no aparecen en los documentos del expediente ni en las actas de la mesa de contratación.

El Tribunal de Cuentas admite dudas sobre posibles “adjudicaciones arbitrarias”

Según los documentos aportados, estos cambios en las valoraciones técnicas alteraron la puntuación global en los dos primeros expedientes. Al reducirse las diferencias en las valoraciones técnicas, los licitadores que estaban en segundo y tercer lugar lograron mejorar su posición con la puntuación de la oferta económica, lo que alteró quién debía recibir el contrato. En un tercer expediente, menciona el informe del Tribunal de Cuentas, las instrucciones habrían señalado directamente a los técnicos de INECO qué licitadores debían quedar en la clasificación.

El Ministerio de Transportes dio el visto bueno al informe a pesar de los cambios sin justificación, alegando que no se encontraron irregularidades aparentes. Sin embargo, a juicio del Tribunal de Cuentas, estas modificaciones “carecen de transparencia y de motivación en la asignación de puntuaciones”, lo que podría significar una “asignación injustificada y arbitraria”.

“En definitiva, cabe concluir que la inobservancia de estos dos principios [el de igualdad de trato y el de transparencia] dificulta el establecimiento de límites a la discrecionalidad que la ley concede al órgano de contratación en el proceso de selección del contratista, favoreciendo que en algunos casos se pueda incurrir en arbitrariedad a la hora de asignar puntuaciones y que la oferta finalmente seleccionada no sea “la económicamente más ventajosa”, por lo que el modelo de pliegos utilizado por Adif hace imposible descartar que se hayan producido los hechos que han sido objeto de las dos denuncias analizadas”, explica el Tribunal en su informe.

Concluyen que “las actuaciones llevadas a cabo por Adif con motivo de las denuncias presentadas en los canales éticos de ambas empresas ”carecen del rigor que sería exigible a la vista de la gravedad de los hechos denunciados“ por los empleados. En este sentido, pone de manifiesto la “laxitud” con la que se afirma la regularidad y la legalidad de los procedimientos de adjudicación afectados, “pese a las debilidades que ofrecen los pliegos, las irregularidades en las que incurren los informes de valoración, la falta de motivación de los informes periciales y la falta de explicación dada a la intervención de personal de INECO en las valoraciones sin dejar constancia en el expediente de contratación”.