La Audiencia Provincial de Tarragona aumenta la indemnización por accidente de tráfico en 50.000 euros a un hombre de 78 años

La Audiencia Provincial de Tarragona resuelve elevar a 79.396,97 euros la cantidad que la aseguradora AXA Seguros Generales deberá abonar a un hombre de 78 años tras un accidente de tráfico, según aparece en la sentencia dictada el 30 de octubre. En un principio, el accidentado había recibido un pago de 50.500 euros menos, es decir, 28.896,97, cuantía con la que el varón no estaba conforme por los daños sufridos y que, a su parecer, no se reconocían en la indemnización parcial.

La demanda interpuesta por el accidentado reclamaba una indemnización muy superior, de 71.396,97 euros, más los intereses legales correspondientes. Pese a no obtener la cifra total reclamada, la justicia catalana reconoce ahora que la cifra inicial era escasa para las lesiones sufridas. De los 79.396,97 euros que ahora le pertenecen al señor de 78 años, 8.000 euros ya han sido pagados con antelación, por lo que el importe pendiente alcanza 71.396,97 euros, más los intereses legales correspondientes.

La justicia catalana resuelve un litigio comenzado en 2021 tras un accidente de tránsito y su tribunal revisa la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 3 de Tortosa, que había reconocido una indemnización parcial por los daños sufridos por el damnificado.

Un deterioro significativo del damnificado, clave para el litigio

El hombre de 78 años decidió apelar la decisión del juzgado con el argumento que la valoración de la prueba había sido errónea y que la sentencia había omitido pruebas relevantes, como la declaración de su médico y de testigos que describieron un deterioro significativo en su autonomía tras el accidente. El señor solicitó que se reconociera un perjuicio moral por pérdida de calidad de vida en grado muy grave, lo que hubiera elevado la indemnización a 115.000 euros (menos los 2.500 euros ya reconocidos por el grado leve), o, subsidiariamente, que se la calificara como grave o moderada, con los montos correspondientes a cada grado.

El eje del conflicto ha girado todo este tiempo en torno a la determinación del grado de afectación en la calidad de vida del demandante tras el accidente. La Sala analizó en detalle los informes médicos y sociales, así como las pericias de ambas partes. Se constató que el actor ya presentaba un grado I de dependencia antes del siniestro, reconocido oficialmente desde 2016, lo que implicaba que necesitaba ayuda para varias actividades básicas de la vida diaria. Tras el accidente, se le reconoció un grado II de dependencia, que supone una necesidad de ayuda más frecuente, aunque no permanente.

El tribunal valoró las declaraciones de los testigos y los informes periciales, pero consideró que la prueba más sólida era la documental médica y social, que evidenciaba que muchas de las limitaciones alegadas por el actor ya existían antes del accidente. En este sentido, la Sala citó el informe del perito de la demandada, quien sostuvo que “este paciente parte de una situación muy grave y sigue muy grave con matices que es lo que ha intentado poner en su informe”. No obstante, el tribunal reconoció que el accidente provocó un “aumento de alguna de las limitaciones funcionales que ya padecía el actor y que afectaban a su autonomía personal para la realización de las actividades básicas de la vida diaria”.

En cuanto a la cuantificación, la Sala aplicó el baremo legal previsto para el perjuicio moderado y fijó la indemnización en 79.396,97 euros, de los cuales 8.000 euros ya habían sido abonados por la aseguradora. Esta suma representa un reconocimiento parcial de la pretensión del actor, pero muy superior a la cantidad otorgada en primera instancia. El tribunal rechazó, en cambio, la aplicación de los intereses previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, ya que este punto no fue objeto de recurso. Además, la resolución no impuso costas a ninguna de las partes, en virtud de que el recurso fue estimado solo parcialmente. La sentencia puede ser recurrida ante la instancia superior mediante recurso de casación, siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudenciales.