El techo de la cocina se desplomó el pasado 8 de noviembre en una vivienda de la calle Carnero, en el barrio de Embajadores, en el centro de Madrid. No hubo heridos por pura casualidad. El inquilino, Mariano Ordaz, no estaba en la cocina en ese momento. Pero el suceso ha marcado un antes y un después en un conflicto que lleva 3 años en pausa y que ahora amenaza con acabar en desahucio.
Ordaz, de 65 años, vive en el número 1 de la calle Carnero desde que nació. Antes lo hicieron su abuela y sus padres. Siempre de alquiler y siempre bajo la misma propietaria: la Venerable Orden Tercera de San Francisco (VOT), una institución religiosa. Hoy, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid denuncia que la entidad intenta aprovechar el derrumbe, provocado según el sindicato por años de abandono, para expulsarle definitivamente de su casa.
Según Ordaz y el sindicato, la vivienda arrastra desde hace años “graves problemas estructurales y de salubridad”. “Humedades persistentes, paredes deterioradas y la inutilización del baño como de la cocina” han convertido el piso en un espacio cada vez más inhabitable, explica el Sindicato en una nota de prensa.
Desde la organización sindical son contundentes: “Estamos ante un caso en el que la falta de mantenimiento pone en riesgo la vida de una persona y, además, se pretende aprovechar esa misma negligencia para ejecutar un desahucio”.
Sin diálogo ni alquiler social
La VOT ha intentado desahuciar a Ordaz en reiteradas ocasiones desde 2022. Según denuncia el afectado, nunca ha existido una voluntad real de negociación para acordar un alquiler social adaptado a su situación económica. “La Venerable Orden Tercera nunca ha mostrado disposición a negociar un alquiler social, pese a su carácter religioso y a la fundación social que proclama”, afirma Ordaz.
Tras perder su empleo en la hostelería durante la pandemia, Ordaz dejó de abonar el alquiler en un contexto de ingresos mínimos y problemas de salud. La situación se agravó cuando las mensualidades alcanzaron los 620 euros mientras él ganaba apenas 480. Ahora, recién jubilado, su pensión no llega a los 1.000 euros mensuales.
“La única oferta de la orden es fijar el alquiler en 420 euros al mes, mientras abono otros 21.000 euros de deuda en varios plazos. Es inasumible”, sostiene. Su petición es clara y sencilla: “No quedarme en la calle”.
Una gestión bajo la lupa
El caso de Mariano Ordaz no es una excepción. La VOT es propietaria de más de 300 viviendas solo en el centro de Madrid, además de hospitales y centros sanitarios como el Hospital VOT San Francisco de Asís. Todo ello beneficiándose de exenciones fiscales como las que disfruta la Iglesia.
Según denuncian inquilinos y organizaciones sociales, la gestión patrimonial de la VOT se asemeja cada vez más a la de un gran tenedor inmobiliario. “Como un fondo buitre”, subraya el Sindicato de Inquilinas, que acusa a la entidad de aplicar subidas de alquiler de hasta el 7% y de desentenderse del mantenimiento de los edificios.
Ordaz, tras el derrumbe del techo de su casa, pide a la VOT que asuma sus responsabilidades como propietaria, repare los daños estructurales de la vivienda y se siente a negociar un alquiler social que le permita seguir viviendo en su casa “en condiciones dignas”. “No pido caridad, pido justicia”, concluye.
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