El subdirector general de Emergencias afirma que el día de la DANA hubo debates largos y retrasos en las decisiones: “Nunca antes se había parado un Cecopi para reflexionar”

Las comparecencias sobre la gestión de la DANA de octubre avanzan en el juzgado de Catarroja con el testimonio del subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, como uno de los ejes centrales. Se investiga cómo actuó el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) durante las horas más delicadas del temporal que afectó a la Comunidad Valenciana. El propio Suárez, principal responsable técnico del operativo, ha tenido que aclarar ante la jueza los debates internos y la secuencia de avisos a la población.

La declaración de Suárez empezó el pasado 4 de diciembre. Llegó a extenderse durante ocho horas y no pudo completarse entonces: restaban aún las preguntas de parte de la acusación y la defensa, por lo que la jueza optó por suspender la sesión y citarle de nuevo este 17 de diciembre. Las cuestiones clave han girado en torno a la toma de decisiones, la gestión de los avisos y la coordinación institucional ante la riada que dejó cientos de víctimas.

El entorno de Emergencias, instituciones y cargos políticos han presenciado declaraciones que dibujan un Consejo sumido en la tensión, bajo la presión del momento y un aluvión de información sobre inundaciones, rescates y miles de llamadas de auxilio. Las versiones sobre cómo se gestionó el envío de mensajes masivos, como el ES-Alert, se han sucedido con matices y puntualizaciones durante estos días.

El relato de Suárez sobre los avisos de emergencia

En su primera intervención, el pasado 4 de diciembre, Jorge Suárez relató de forma cronológica los intentos de emitir alertas a la población. Contó que desde las cinco de la tarde del día de la DANA la opción de un “mensaje masivo a la población estuvo encima de la mesa del Cecopi desde que empezó, prácticamente a las cinco de la tarde”.

Según esa versión, a las 17:30 ya había redactado un aviso en el que se recomendaba a los vecinos “subir a zonas altas”, aunque ese mensaje no se mandó porque dentro del Cecopi se consideró que podría “alertar a la población”, en palabras de Suárez. Apuntó que José Miguel Basset, jefe de bomberos, receló de la reacción ciudadana e interpretó riesgo de estampida, pero, según Suárez, “el resto de presentes no apoyaron la idea”.

La idea original era empezar por la comarca de Utiel-Requena, donde la UME no lograba llegar a los vecinos atrapados en los tejados, planteándose más tarde para otros municipios. Sin embargo, según el testimonio, se optó por avisar antes a los alcaldes y se fue aplazando la decisión.

La autorización final al mensaje masivo, a toda la provincia, llegó tras la caída de un puente en Paiporta y solo dos minutos después de que la consellera Salomé Pradas hablara por teléfono con Carlos Mazón. Se realizaron, además, cambios en el texto en valenciano, como detalla Suárez, por iniciativa del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. El aviso a la ciudadanía acabó saliendo tres horas después de haberse planteado por primera vez.

La posición de Suárez se ha respaldado además con grabaciones y otras declaraciones aportadas al expediente, incluidas personas responsables del ES-Alert y personal de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Matizó que, aunque hubo opiniones diversas, “la decisión, según el plan de inundaciones, le correspondía a Salomé Pradas”.

Entre las justificaciones, la consellera y Mompó han asegurado que la notificación a los alcaldes no demoró el trámite y que “el debate del valenciano, si existió, duró apenas diez segundos”. Mompó, en redes sociales, se expresó: “Ese día lo que quería, escribía, es que se enviase la alerta de una puta vez y, a día de hoy, todavía no entiendo por qué se tardó tanto”.

En este contexto, Suárez apuntó que “nunca antes, en sus doce años en el cargo, se había parado un Cecopi para reflexionar” y que durante ese tiempo no se adoptaron decisiones. La responsable de comunicación del 112 reiteró que insistió varias veces esa tarde en que alguien compareciera ante los medios.

“Debates que se alargaron mucho y decisiones que se tendrían que haber tomado antes”

Este miércoles, la comparecencia de Suárez retomó los interrogantes en torno a la gestión de los incidentes y la velocidad en la toma de decisiones. Explicó que en el Cecopi no se vinculó la secuencia de episodios en municipios como Picanya, Paiporta o Massanassa con la rambla del Poyo, donde se concentró el desbordamiento: “No recuerdo que en esa reunión la información llegara específicamente de la rambla del Poyo, sino que recuerdo siempre municipios”. No se “conectaron”, ha explicado, los incidentes en los municipios con el cauce en el que se estaban produciendo.

Admitió que algunos acuerdos se demoraron por las dudas legales de la consellera, aunque insistió, “la ley le amparaba para tomar decisiones”. Suárez defendió que “hubo debates que se alargaron mucho y decisiones que se tendrían que haber tomado antes”. Detalló ante la jueza que las recomendaciones del director general Alberto Martín y del asesor Marco Presa orientaron a Pradas a no hacer declaraciones públicas hasta el cierre de la reunión. Pese a la petición de la responsable de comunicación del 112 de que alguien compareciera ante la opinión pública, nadie lo hizo hasta las nueve y media.

En su testimonio, el subdirector de Emergencias apuntó que fue Basset quien le notificó el primer fallecimiento el día de la riada y que no recuerda que Pradas avisara antes, pese a que la consellera había enviado un mensaje sobre el asunto a otro miembro del Ejecutivo de Mazón unas cuatro horas antes. Suárez ha explicado hoy que, desde las 17:15 y ante las imágenes de los tejados anegados en Utiel y Requena, propuso ya el envío de avisos, aunque no encontró respaldo suficiente. La declaración de este miércoles completa el relato iniciado dos semanas antes y aporta nuevas claves a la investigación sobre la gestión de una DANA que provocó 230 víctimas mortales.