
Olivier Janssens, uno de los primeros inversores en bitcoin y defensor del liberalismo, lleva más de diez años trabajando en un ambicioso proyecto: crear una comunidad autónoma en el Caribe basada en la descentralización, la libertad individual y el uso de las criptomonedas.
“No confío en los políticos”, explicó el inversor belga. “Simplemente decimos: ‘Déjennos en paz y déjennos hacer lo que tenemos que hacer’”, declaró al medio Financial Times. Olivier ha bautizado su proyecto como Destiny.
El empresario, que obtuvo sus primeros bitcoins en 2010 cuando la criptomoneda valía apenas unos céntimos, se ha comprometido a invertir al menos 50 millones de dólares (46 millones de euros) en infraestructuras en la isla de Nevis, parte del Estado caribeño de San Cristóbal y Nieves. La isla cuenta con 13.200 habitantes y una superficie de 93 kilómetros cuadrados.

Una ley para “proyectos sostenibles”
El plan de Olivier ha cobrado impulso tras la aprobación, este verano, de la Ley de Autorización de Zonas Especiales de Sostenibilidad, que permite crear áreas destinadas a experimentar con nuevos modelos de desarrollo, gobernanza y tecnología. Amparado en esta legislación, el empresario, a través de su compañía South Nevis, ya ha comenzado a adquirir grandes extensiones de terreno en la costa sur de la isla.
Según el propio empresario, la inversión incluiría villas de lujo, centros médicos, oficinas y otras infraestructuras, siempre que el gobierno respalde su inversión. Su objetivo es claro: “Crear un mundo descentralizado, una sociedad libre”, ha dicho Olivier.
Un “Mónaco-Dubái del Caribe”
En su web oficial, Destiny se define como un “Mónaco-Dubái del Caribe” y promete “aumentar significativamente el PIB de San Cristóbal y Nieves y de todo el Caribe Oriental”. El diseño del proyecto ha sido encargado al prestigioso estudio estadounidense Skidmore, Owings & Merrill, responsable de iconos arquitectónicos como el Burj Khalifa en Dubái.
El plan contempla villas, hospitales, zonas verdes y piscinas, y según fuentes gubernamentales la inversión total podría ascender a varios miles de millones de dólares, lo que lo convertiría en el primer gran desarrollo realizado bajo la nueva ley.

El punto más polémico: un sistema legal propio
Uno de los aspectos que más controversia ha generado es la intención de Olivier de implantar un sistema legal alternativo, basado en jueces privados y mecanismos de arbitraje, en lugar de recurrir a los tribunales locales. “Si simplemente lo copiáramos, no sería atractivo para la gente venir”, explicó el empresario durante una presentación de su proyecto ante los habitantes de Nevis.
Además, insiste en que la legislación nacional seguiría aplicándose, pero que la comunidad contaría con procedimientos propios para resolver disputas, especialmente en ámbitos como los activos digitales y el comercio internacional. Los defensores del proyecto sostienen que este modelo permitiría una resolución más rápida y segura de los conflictos.
“Un estado dentro del estado”
La percepción de los residentes ha sido dispar. Mientras algunos ven en Destiny una oportunidad económica sin precedentes, otros temen que acabe creando un “estado dentro del estado”, con una supervisión limitada por parte de las autoridades locales.
Kelvin Daly, de la formación opositora Partido de la Reforma de Nevis (NRP), ha sido especialmente crítico: “Eligieron cuidadosamente el término ‘sostenible’ porque evoca algo bueno y saludable… Es simplemente una forma pomposa de hablar de una zona económica especial con beneficios añadidos”, afirmó.
Vecinos y figuras políticas también han expresado su preocupación por el impacto urbanístico, la presión sobre los servicios públicos y las consecuencias para la vida comunitaria. “Incluso con las mejores intenciones, estas comunidades pueden verse fácilmente envueltas en conflictos, especialmente cuando una forma de gobierno está parcialmente privatizada”, advierten los detractores.
Un experimento libertario
El proyecto Destiny tiene sus similares en otros como Liberland, un territorio autoproclamado entre Serbia y Croacia, o The Bitcoin Society, promovida por el cofundador de Ledger Eric Larchevêque, en un contexto más amplio denominado “estados en red”. Políticas que han enfrentado a los partidos, acarreado problemas legales y dificultades financieras.
Aun así, Olivier se muestra positivo. Con doble nacionalidad y ciudadanía de San Cristóbal y Nieves obtenida mediante inversión, define a Nevis como un “país anfitrión” para su comunidad libertaria y defiende una autonomía máxima con mínima interferencia gubernamental.
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