Consumo detecta en Madrid 15.200 anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb, pero la normativa autonómica solo permite retirar 300 anuncios

Existe en España un grave problema de acceso a la vivienda. La brecha entre la demanda y la oferta es cada vez mayor y acceder a una casa en propiedad resulta inalcanzable para gran parte de la población. Alquilar, si bien suele ser la alternativa más común, tampoco es una opción sencilla.

Los últimos datos del INE dibujan el escenario: en España hay más de 3 millones de viviendas en alquiler y cerca de 400.000 dedicadas al uso turístico, frente a unos 3,8 millones de casas vacías y otros 2,5 millones con ocupación solo ocasional.

La polémica en torno a los pisos turísticos ha acompañado al crecimiento de plataformas como Airbnb, Booking o Vrbo desde el principio. Las primeras regulaciones surgieron ante la presión del sector hotelero, y el panorama normativo es hoy una combinación de normas autonómicas y medidas municipales que buscan equilibrar el fenómeno. El debate pone el foco en cómo afectan los alquileres de corta duración al precio de la vivienda y al día a día de los vecinos, y el abanico de soluciones en discusión incluye la posible prohibición de convertir residencias habituales en alojamientos turísticos en zonas de alta demanda.

Pisos turísticos ilegales y sanciones: así controla Consumo el mercado

La proliferación de pisos turísticos ilegales y las diferentes formas de incumplimiento animan un mercado sujeto a intensas revisiones. El Ministerio de Consumo ha detectado 65.122 anuncios irregulares en España, únicamente en Airbnb, y ha impuesto una sanción de 64 millones de euros a la plataforma digital. El grueso de las infracciones consiste en anunciar viviendas sin que figure el número de registro obligatorio marcado por las normativas autonómicas, aunque existen otros supuestos: el uso de números de registro falsos o incorrectos, o la falta de información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión, lo que constituye publicidad engañosa.

La Comunitat Valenciana encabeza el ranking de anuncios sancionados con casi 22.000, seguida por Canarias y Galicia, con más de 12.000 y casi 7.000 respectivamente. Baleares, Murcia, Cantabria y Asturias también se sitúan por encima del millar de anuncios irregulares. Andalucía y Madrid, en cambio, registran menos anuncios retirados, ya que en esas comunidades la regulación en el periodo estudiado no exigía que los anuncios incluyeran el número de registro.

Todos los casos recogidos en el expediente sancionador corresponden a la etapa anterior a la entrada en vigor de la Ventanilla Única Digital, una normativa que desde el 1 de julio obliga a cualquier alojamiento turístico que opere en plataformas a exhibir su código oficial de registro.

El Ministerio notificó a Airbnb la existencia de los anuncios ilícitos y abrió expediente ante la ausencia de respuesta efectiva de la empresa. La multa - la segunda mayor contra una empresa privada, solo por detrás de la impuesta a Ryanair - se calcula como seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma con los anuncios. Airbnb sostiene que la sanción responde a requisitos no vigentes cuando se iniciaron las actuaciones, pero la administración defiende que ahora la empresa debe abonar la cuantía, con posibilidad de recurso si lo considera oportuno.

Este martes, durante una rueda de prensa para presentar el balance de turismo de 2025, el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, ha afirmado que la sanción millonaria a la plataforma Airbnb es “un toque de atención importante y aunque no me alegran nunca las desgracias de los demás, es considerable y además creo que es todo un ejemplo”, a lo que añadía después que “a ver si de una vez por todas se comercializan solo aquellas viviendas que están legalizadas”.

La forma en que estas podrían legalizarse varía significativamente según la autonomía, algo que, de acuerdo con el presidente debería haberse homogeneizado con normativas aplicables en todas partes. No ha sido así, pero “entendemos y deseamos que la competencia desleal vaya desapareciendo, como en principio parece ser que está despareciendo por el volumen concreto, aunque solo hay una menor oferta que en años anteriores en Cataluña y en Andalucía.

El caso de Madrid: muchos anuncios, pocas retiradas

La situación en Madrid refleja el reto de la regulación local frente al panorama estatal. El Ministerio de Consumo localizó 15.200 anuncios de pisos turísticos ilegales en Madrid, entre aquellos que figuraban con un número de registro falso (300) y los que directamente no venían identificados de esa manera.

La normativa madrileña previa a la entrada en vigor de la Ventanilla Única Digital “no recogía la obligatoriedad de incluir un número de registro, por lo que el número de pisos retirados es mucho menor que en el resto de comunidades autónomas y los casos de anuncios retirados se limitan a un número de registro falso”. Debido a esto, únicamente esos 300 pisos con números de registro falsos han podido ser eliminados, al estar limitada la actuación administrativa por la falta de obligación de registrar los anuncios en la Comunidad. Madrid, junto a Andalucía y Extremadura, queda así en desventaja respecto a otras autonomías con normativa más estricta.

El resultado: la capital concentra uno de los volúmenes más altos de anuncios ilegales detectados, pero muestra una de las cifras más bajas de pisos efectivamente retirados de la plataforma. Desde la entrada en vigor de la Ventanilla Única Digital, todos los pisos turísticos deben tener un código de registro para operar en portales digitales, una medida que busca cerrar el círculo de la legalidad y aumentar la transparencia en el sector.