Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

A menos de tres semanas de que termine 2025, el Gobierno de Pedro Sánchez continúa un año de pesadilla. Hasta la última hora de este viernes, ha proseguido una semana negra para el PSOE y su secretario general, empezando con la publicación de la sentencia al ya exfiscal general del Estado, continuando con otro golpe judicial a mitad de semana, con las detenciones de Leire Díez y del expresidente de la SEPI contratado por Servinabar, Vicente Fernández, y finalizando con el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama de hidrocarburos.

Todo esto mientras la formación trata de sofocar el Me Too interno que han destapado varias denuncias por acoso sexual a hombres de confianza de Sánchez. Las últimas, conocidas este viernes, señalan al número dos del PSOE en la provincia de Valencia, Toni González, y al alcalde de la localidad cordobesa de Belalcázar, Francisco Luis Fernández Rodríguez.

Y todo ello, tras conocerse las denuncias a Francisco Salazar, exasesor de la Moncloa, que fue apartado de sus responsabilidades después de que varias subordinadas denunciaran “comportamientos inadecuados”, según destapó elDiario.es este verano. El caso se ha reactivado ahora tras las nuevas denuncias publicadas por el mismo medio a comienzos de diciembre, enviadas por mujeres a través del canal interno del partido.

Además de Salazar, este jueves por la noche dimitió uno de los miembros de la Ejecutiva del PSOE, Javier Izquierdo, también senador por Valladolid, tras conocerse un nuevo escrito registrado en el canal antiacoso de Ferraz. De la misma manera, el miércoles, el alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, anunció su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo tras hacerse públicas algunas acusaciones de “comportamientos machistas” hacia varias mujeres.

Por este motivo, en Sumar, los socios mayoritarios del Gobierno, han dicho basta. “Así no puede seguir. Es insoportable la corrupción, los puteros”, ha asegurado la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, este viernes, que ha exigido “un cambio profundo” en el Ejecutivo.

La sentencia al fiscal general, el ‘primer mal sueño’ de la semana

Así, la cadena de nuevos casos de acoso sexual y corrupción en la formación de izquierda no dan a Sánchez un respiro, y le están llevando a un punto de no retorno. El martes, después de 19 días de silencio desde que el Supremo diera a conocer la condena a Álvaro García Ortiz, por fin se hicieron públicos los argumentos que llevaron a cinco de los siete magistrados a tomar la decisión de inhabilitarle por dos años, hacerle pagar 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por haber filtrado información confidencial de un caso relacionado con él, y abonar una multa de 7.200 euros.

Según la Sala Segunda, García o alguien de su entorno “tuvo que” filtrar el correo del abogado de González Amador, donde este reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y buscaba un pacto con la Fiscalía. Los hechos se remontan a los años más duros de la pandemia, entre 2020 y 2021, cuando Amador, a través de su consultora Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos, habría inflado gastos mediante facturas falsas para reducir su carga tributaria. La investigación cifra el fraude en más de 300.000 euros.

“Conozco guiones de Hollywood con menos creatividad”, dijo el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, tras conocer la sentencia. “Hoy dan lecciones de qué”, se preguntó de manera retórica Sánchez cuando se publicó el texto. “¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho es defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado?”.

Pero la ofensiva política no logró amortiguar el impacto. Apenas un día después, la actualidad volvía a girar en contra del PSOE con la detención de la ‘fontanera’ de la formación, Leire Díez, una exmilitante del PSOE que mantuvo reuniones con investigados en la trama de hidrocarburos para recabar información comprometedora sobre Antonio Balas, uno de los altos mandos de la UCO y responsable de investigaciones que afectan a la mujer y al hermano de Sánchez, al fiscal general y al caso Ábalos-Koldo. También ha sido detenido el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, contratado por la empresa Servinabar.

Esta mercantil, según las pesquisas de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encargada de las investigaciones) está vinculada a Santos Cerdán, que hasta el pasado mes de junio era secretario general del partido. De la misma manera, este jueves, la Guardia Civil detuvo a Antxón Alonso, administrador de la mencionada empresa y tercera persona implicada en el caso.

La contratación pública, a examen

La detención del exjefe de la SEPI responde a la investigación de posibles irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos y decisiones económicas adoptadas durante su mandato al frente del mayor conglomerado empresarial público del Estado, la SEPI, que agrupa compañías con participación pública como Enusa, Correos, Navantia, Tragsa o Mercasa. Vicente Fernández fue interventor general durante la etapa de María Jesús Montero, hoy vicepresidenta primera del Gobierno, como consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía.

En junio de 2018, justo cuando fue nombrada ministra por Pedro Sánchez, Montero designó a Fernández como presidente del organismo que decide la adjudicación de grandes contratos en los sectores estratégicos para el Estado. Por su parte, Leire Díez trabajó para Enusa, empresa nacional del uranio, participada en un 60% por la SEPI, en la época en que Fernández era presidente de la sociedad estatal. Si el PP ha pedido la dimisión de la vicepresidenta primera, es por verla como “otro nexo corruptor”.

En el caso de Leire Díez, los investigadores distinguen dos frentes. Por un lado, una causa abierta en los juzgados de Madrid por la filtración de audios y mensajes en los que habría ofrecido información sensible sobre movimientos judiciales a cambio de beneficios, lo que podría constituir delitos de cohecho y tráfico de influencias. Por otro, la investigación que ha motivado su detención, centrada en su presunto papel como intermediaria entre empresarios y responsables de entidades públicas bajo la órbita de la SEPI.

La trama de hidrocarburos, infinita

A este escenario se suma otro frente que, pese a no estar vinculado directamente con el PSOE, sí lo hace con el Gobierno. El jueves, la Policía detuvo al presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al consejero delegado, Roberto Roselli, en el marco de una investigación judicial sobre la aerolínea española. La empresa, hoy con mayoría de capital venezolano, fue rescatada en 2021 con más de 50 millones de euros de fondos públicos gestionados por la SEPI. La detención tiene como objetivo investigar un presunto delito de blanqueo de capitales, centrado en movimientos financieros posteriores a la concesión de la ayuda estatal y en la trazabilidad del dinero recibido durante la pandemia.

Por último, este mismo jueves salió a la luz un nuevo informe de la UCO sobre la trama de los hidrocarburos, otra investigación en marcha sobre una presunta red empresarial dedicada al fraude en el sector de los combustibles, y que salpica, de nuevo, al exministro José Luis Ábalos. Según el documento entregado a la Audiencia Nacional, la red dirigida por el comisionista Víctor de Aldama y Claudio Rivas habría destinado alrededor de un millón de euros a intentar “comprar la voluntad” de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, y de otros cargos públicos con el fin de favorecer a Villafuel, una empresa que buscaba operar como mayorista de hidrocarburos.

Con este panorama, el Ejecutivo llega a la recta final del 2025 con un año que ya estaba marcado por el caso Koldo, la implicación de Ábalos y de Santos Cerdán. Más allá del complejo laberinto de nombres, casos y relaciones, en el que es fácil perderse, la idea de que el Ejecutivo está rodeado por la corrupción está calando cada vez más y deja al PSOE y a Pedro Sánchez muy tocados en esta antesala navideña, en su momento de mayor debilidad y ante un escenario cada vez más incierto.