Última sesión de control del año en el Congreso: el Gobierno (sin Pedro Sánchez presente) asume la derrota de la senda de déficit

El Congreso volverá a tumbar este jueves la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2026-2028, en una votación que, salvo giro de última hora, repetirá el desenlace del pasado mes de noviembre: certificará el bloqueo político en torno a uno de los requisitos formales imprescindibles para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno asume ya ese escenario y da por descontado que la falta de apoyos parlamentarios volverá a frustrar una propuesta que fija los límites de déficit y deuda de todas las administraciones públicas, en un pleno que, además, se celebrará sin la presencia física del presidente del Gobierno, que ejercerá su voto de forma telemática.

La senda de estabilidad es una pieza clave del engranaje presupuestario. Establece los márgenes de déficit y deuda del conjunto del sector público y de cada uno de sus subsectores, y sirve de referencia obligatoria para que las cuentas anuales se ajusten a las reglas fiscales pactadas con Bruselas. Sin esos objetivos, los Presupuestos no pueden aterrizar en el Congreso. El Ejecutivo ya intentó aprobarlos una primera vez a mediados de noviembre, pero se encontró con el rechazo conjunto de la oposición de derechas y de los socios independentistas.

En aquella votación, los votos en contra del Partido Popular, Vox, Junts per Catalunya y UPN dejaron sin efecto una senda que el Gobierno defendía como compatible con la consolidación fiscal y con un cierto margen de crecimiento del gasto. Los conservadores consideraron que el marco propuesto incentivaba el desequilibrio presupuestario, mientras que Junts lo rechazó por entender que el reparto del déficit era perjudicial para comunidades autónomas y ayuntamientos.

La ley obliga al Ejecutivo a someter de nuevo la propuesta a votación tras un primer rechazo. Así lo hizo la pasada semana, aprobando exactamente las mismas cifras en el Consejo de Ministros, consciente de que el tablero político no ha cambiado sustancialmente desde noviembre. Los intentos de recomponer puentes con el grupo de Carles Puigdemont no han prosperado y la ruptura sigue intacta. En Moncloa asumen que el ‘no’ está asegurado.

El final de los trámites previos

Con esta segunda votación, sea cual sea el resultado, se cerrará definitivamente el trámite previo exigido antes de presentar el proyecto de Presupuestos de 2026, unas cuentas que acumulan ya meses de retraso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que su intención es remitir el proyecto a la Cámara “con o sin apoyos”, aun sabiendo que el camino parlamentario seguirá siendo cuesta arriba en un Congreso fragmentado.

El techo de gasto no financiero de esas cuentas —216.177 millones de euros, un 8,5% más que el ejercicio anterior e incluidos 4.151 millones de fondos europeos— ya fue aprobado por el Ejecutivo en noviembre y no necesita votación en las Cortes, solo su comunicación formal. Ese paso ya está salvado. El escollo político ha sido exclusivamente la senda de estabilidad, que no bloquea jurídicamente la presentación del proyecto, pero sí condiciona su encaje con el resto de administraciones.

Si, como todo apunta, el Congreso vuelve a rechazarla, entrarán automáticamente en vigor los objetivos fiscales del plan estructural que España remitió a la Comisión Europea el pasado año. A nivel agregado, las cifras de déficit son las mismas que defiende ahora el Gobierno, pero el reparto entre administraciones cambia de forma sustancial, penalizando sobre todo a las comunidades autónomas.

Déficit, deuda y la presión sobre las comunidades

La senda sometida a votación prevé que el déficit público baje al 2,1% del PIB en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Para el Estado, los objetivos se sitúan en el 1,8%, el 1,5% y el 1,4% del PIB, respectivamente. La Seguridad Social tendría un desequilibrio del 0,2% en 2026 y 2027 y del 0,1% en 2028, mientras que las corporaciones locales deberían cerrar en equilibrio presupuestario.

El punto de fricción está en las comunidades autónomas. El Gobierno propone permitirles un déficit del 0,1% de su PIB en cada uno de los tres ejercicios. Sin embargo, si decae la senda, tal como ocurrió en noviembre, las regiones estarán obligadas a cerrar con déficit cero. Ese cambio supone que pierdan un margen de gasto conjunto de 5.485 millones de euros en el periodo 2026-2028, un volumen de recursos que, en la práctica, quedaría en manos de la Administración central.

En términos de deuda, la senda fija una reducción progresiva desde el 100,9% del PIB en 2026 hasta el 99,1% en 2028. También establece la llamada regla de gasto, que limita el crecimiento del gasto computable al 3,5% en 2026, al 3,4% en 2027 y al 3,2% en 2028. Son compromisos directamente ligados a la vuelta de las reglas fiscales europeas tras los años de excepción por la pandemia.

En el trasfondo de esta votación late, además, el pulso político entre el Gobierno y sus socios parlamentarios. Junts mantiene su bloqueo a las grandes iniciativas del Ejecutivo y condiciona cualquier cambio de posición al cumplimiento de los acuerdos pendientes con el Estado. En el seno del Gobierno se da por hecho que no habrá gestos relevantes hasta que el Tribunal Constitucional resuelva algunos de los asuntos clave que afectan al espacio independentista, un calendario que se adentra ya en la primavera.

A la espera de ese nuevo rechazo, el Ejecutivo se prepara para dar el siguiente paso y registrar un proyecto de Presupuestos que llegará al Congreso con un margen de maniobra político muy estrecho, en un contexto de derrotas parlamentarias recurrentes y con una mayoría que hoy por hoy solo existe sobre el papel.