“Somos una aerolínea española que empezó a surcar los cielos en julio de 2015, y en junio de 2016 iniciamos nuestras operaciones de vuelos regulares de largo recorrido entre Madrid y ciudades latinoamericanas. Volamos con una tripulación propia cuyo servicio y cercanía son aplaudidos por nuestros pasajeros. Actualmente, operamos entre Madrid y destinos increíbles como Bogotá, Cartagena, Caracas, Lima y Malabo. También ofrecemos vuelos entre Tenerife y Caracas”. Así se presenta en su página web la aerolínea Plus Ultra, cuyos máximos responsables han sido arrestados este jueves tras una operación sobre presunto blanqueo de capitales relacionado con la gestión y el rescate público de la empresa. Una empresa que lleva tiempo en el ojo del huracán.
A pesar de que empezó a “surcar los cielos” en 2015, su fundación se remonta a cuatro años antes, a 2011, cuando los ejecutivos españoles Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque —quienes anteriormente trabajaron en Air Madrid—, lanzaron la aerolínea con el objetivo de posicionarse en las rutas entre Madrid y diversos destinos en Latinoamérica y África. Su flota actual está compuesta principalmente por aeronaves Airbus A330.
Sin embargo, alcanzar la rentabilidad en el sector del transporte aéreo es siempre un reto —la historia de la industria está llena de sonadas quiebras—, y Plus Ultra siempre presentó pérdidas desde su constitución. La propia compañía lo reconoció en 2021, cuando, en plena pandemia, fue rescatada por el Estado. Antes, pudo sobrevivir gracias a préstamos e inyecciones periódicas de capital que modificaron su estructura accionarial, destacando el protagonismo de dos sociedades vinculadas a tres empresarios venezolanos con ramificaciones en Panamá, quienes asumieron sucesivas ampliaciones de capital. Se trata de Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles.
Estos empresarios, según los últimos datos del Registro Mercantil, participan en Plus Ultra a través de dos sociedades (Snip Aviation y FlySpain) que controlan el 56,8% de las acciones de la compañía. Varios de ellos también ocupan puestos en el consejo de administración. Su presunta relación con Panacorp, un banco panameño que ayudó a evitar la quiebra de la empresa, en un país que España considera paraíso fiscal y que es famoso por su opacidad, fue una de las primeras controversias relacionadas con Plus Ultra.
La otra no tardó en llegar. La pandemia de COVID-19 impulsó la solicitud del respaldo estatal. Y el 9 de marzo de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una ayuda de 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), justificada por el carácter “estratégico” de la compañía para los enlaces aéreos internacionales. El rescate —ratificado por tres informes externos de Daiwa Corporate Advisory, Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)— contempló un préstamo ordinario de 19 millones con vigencia de cinco años y un préstamo participativo de 34 millones con plazo de siete años. Según los términos publicados por la compañía, los fondos se destinaron principalmente al pago de acreedores, nóminas, reembolsos a pasajeros y modernización de flota.
Esta operación, sin embargo, ha sido objeto de gran polémica política. Diversos partidos han acusado al Gobierno de opacidad, cuestionando la legalidad y oportunidad de las ayudas. El sector mayoritario del accionariado venezolano y los vínculos con sociedades radicadas en Panamá han intensificado el debate sobre el uso de recursos públicos. Por su parte, el antiguo presidente de la aerolínea, Fernando García Manso, defendió la medida afirmando que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y resaltó el papel de la compañía como “única alternativa” para los usuarios de algunas rutas aéreas entre España y Latinoamérica, indicando que “si desaparecemos, se formaría en esas rutas un monopolio”.
Blanqueo de capitales procedentes de Venezuela
Ahora, la Policía Nacional ha detenido al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al consejero delegado, Roberto Roselli, por un posible delito de blanqueo de capitales. En octubre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia donde afirmó que los fondos públicos destinados al rescate se emplearon realmente para saldar préstamos canalizados hacia cuentas extranjeras pertenecientes a una supuesta organización vinculada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela.
La Audiencia Nacional se inhibió de la investigación al considerar que no tenía competencia en el caso, aunque solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que trasladara la denuncia al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Aunque no se conocen más detalles, de momento, este es el origen de la investigación actual.
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