
Entre las 182 páginas del informe del UCO, al que ha tenido acceso Infobae, se habla de la compra de un chalet en La Alcaidesa, Cádiz, que, según la investigación, pagó la trama de hidrocarburos al exministro José Luis Ábalos. Fue un soborno, ya que el objetivo era que la empresa Villafuel, que estaba en el proceso de conseguir la licencia de operador de hidrocarburos, la obtuviera. De este modo, parte de la contraprestación materializada durante la operación se destinó específicamente al pago de la citada propiedad inmobiliaria.
De acuerdo con el último informe entregado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, los investigadores afirman que la operación fue ejecutada tras una activa búsqueda y selección en la que, según la UCO, Koldo García, asesor en ese momento del exministro José Luis Ábalos, tuvo un papel clave. En las pesquisas, la Guardia Civil destaca como indicio el envío, por parte de Koldo García, de “cuatro enlaces del portal inmobiliario Idealista relativos a propiedades en venta”, entre las cuales figuraba la que más adelante se entregó y puso a disposición de Ábalos en la exclusiva urbanización gaditana.
Pero el verdadero origen de este chalet está Víctor de Aldama, uno de los empresarios investigados. Fue él quien habría ejercido de intermediario directo entre Ábalos y la organización señalada como criminal. Así, según la Guardia Civil, De Aldama fue el encargado de “iniciar las gestiones necesarias para la adquisición del inmueble”, lo que sitúa la compra como un posible elemento de contraprestación a cambio de la concesión administrativa.

El análisis de conversaciones realizado por los agentes revela el tono y contenido de algunas comunicaciones entre los presuntos implicados. En una de ellas, Leonor González, una de las principales investigadas en esta trama y persona de confianza de Víctor de Aldama (tanto en la amistad como en los negocios), le comenta a su pareja Natán González: “Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito”. Los responsables de la investigación interpretan que los interlocutores atribuían la autorización de la licencia a la previa adquisición de la vivienda por parte del ministro, según recoge la documentación judicial.
¿Y quién es Leonor González? Figura como una de las personas investigadas con un rol relevante dentro de la organización criminal desarticulada en el sector de los hidrocarburos. Según los detalles consignados en el atestado, nació el 17 de agosto de 1983 y tiene domicilio en Sevilla. Está directamente vinculada tanto por lazos familiares como por participación en la estructura societaria investigada.
Fue designada como administradora única de la empresa Have got time SL a partir del 22 de abril de 2021, empresa que operaba desde el domicilio de su madre en Las Rozas de Madrid. Se trata de una de las sociedades señaladas como instrumentales para el movimiento de fondos y operaciones que permitieron materializar el fraude y canalizar las ganancias procedentes de actividades delictivas.
Un chalet de más de medio millón de euros
El importe utilizado para la compra del chalet se señala en el atestado como 585.001,00 euros, entregados en efectivo. Esta suma se correspondería directamente con la ejecución de los acuerdos alcanzados entre los implicados, en la fase en que la organización criminal buscaba asegurar la resolución expedita y favorable por parte de los órganos competentes del Ministerio de Transportes y, por extensión, la continuidad de sus operaciones fraudulentas en el sector de hidrocarburos.
Para los investigadores, la entrega de este bien representa una evidencia de peso sobre la mecánica de las compensaciones ocultas entre los promotores de la trama y los decisores políticos. El caso del chalet en La Alcaidesa también es relevante porque la operación se ubica temporalmente cerca de la fecha del cese de Ábalos como ministro, circunstancia que supuso un punto de inflexión en la dinámica de la organización criminal y la necesidad de modificar su estrategia, dada la pérdida de influencia por parte del destinatario de la contraprestación.
El dossier incluye referencias directas a las conversaciones donde se relata el proceso de adquisición y se identifica el chalet como parte de los beneficios concretos que obtuvo la estructura política a cambio de su mediación. Así, el inmueble queda asociado al esquema global de incentivos económicos y relaciones de influencia que están bajo investigación judicial.
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