El Ministerio de Sanidad ha ampliado la investigación sobre la gestión de hospitales públicos de gestión privada en la Comunidad de Madrid. Este martes, la ministra Mónica García ha anunciado que la Alta Inspección analizará no solo el Hospital de Torrejón, sino también al resto de centros madrileños de gestión privada, en este caso por el Grupo Quirón.
De los ocho hospitales públicos de gestión privada que existen en España, cinco están en Madrid: el hospital Universitario de Torrejón, centro de la polémica en curso; y la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital de Villalba, el Infanta Elena, el Rey Juan Carlos, todos ellos gestionados por Quirón Salud.
El anuncio de la ampliación de la investigación llegó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministro en el que se ha presentado el ‘Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS)’. El informe sobre la creciente dependencia de la sanidad pública respecto a operadores privados y subrayó el aumento “de manera absolutamente obscena” del presupuesto asignado a Quirón en los últimos años.
Sanidad investigará todos los centros madrileños de gestión privada
En su intervención tras el Consejo de Ministros, la ministra explicó que esta ampliación responde a la necesidad de aclarar el funcionamiento de la gestión concertada. “No es una rencilla entre directivos”, apuntó García, en alusión a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y recalcó que se investiga “un modus operandi que intenta parasitar nuestro sistema público a través de la cuenta de resultados de las empresas privadas”.
El Ministerio ha solicitado a la Comunidad de Madrid información sobre la investigación iniciada tras la publicación de los audios del ex CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, donde se instruía priorizar pacientes y actividades rentables. La petición del Ministerio incluye las auditorías económicas y de gestión de los últimos cuatro años, las actas de la comisión mixta entre Comunidad y empresa concesionaria, escritos de denuncia de directivos cesados y otros antecedentes necesarios para esclarecer lo sucedido tanto en Torrejón como en el resto de hospitales gestionados por Quirón Salud.
Entre las demandas figuran también los expedientes de modificaciones presupuestarias de los ejercicios 2023, 2024, 2025, justificaciones, y datos de atención fuera de área asignada, además de cualquier información relevante para el análisis. García insistió en que el objetivo es garantizar la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos, así como proteger el funcionamiento ordinario del Sistema Nacional de Salud.
En el plano político, la diputada de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, anunció la intención de presentar una denuncia ante la Fiscalía para que investigue posibles delitos de lesiones a pacientes en la gestión de Torrejón, y confirmó que el Ministerio de Sanidad prepara también una denuncia ante el Ministerio Público. Según Sidi, los audios del directivo de Ribera Salud apuntan a un “presunto delito contra la salud pública”, y la investigación debe aclarar responsabilidades, tanto empresariales como gubernamentales.
La diputada expresó también la voluntad de que el Congreso impulse una subcomisión de estudio para analizar la gestión externalizada en la sanidad pública, revisando especialmente los casos de Torrejón y de los centros gestionados por Quirón y Ribera Salud. Junto a su compañera Alda Recas, Sidi quiere que ese foro parlamentario aborde el impacto de los modelos privatizados en la calidad asistencial y el destino de los recursos públicos.
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