La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este martes la “durísima” sentencia del Tribunal Supremo contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos y determinar que fue él o “alguien de su entorno” quien filtró el correo electrónico en el que su pareja, Alberto González Amador, admitía haber cometido fraude fiscal. Lo ha hecho durante su visita a un nuevo campus universitario en Torrejón de Ardoz, donde ha defendido que el fallo demuestra que “el Estado de derecho funciona a pesar de los intentos del propio Gobierno”.
Tras más de dos semanas desde que el Supremo confirmara la condena a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, a pagar 10.000 euros a González Amador, pero no publicara la sentencia hasta ahora, esta sostiene que el entonces fiscal general “no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito”.
Para su pareja y presidenta madrileña, esto pone en evidencia un problema más amplio en la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez. “Sentencias como esta harían caer a plomo a cualquier gobierno en cualquier democracia liberal”, ha afirmado este martes por la tarde. La presidenta ha instado en que no se puede “normalizar que todo valga”.
“Es muy triste que hayamos tenido que llegar a esta situación”, ha señalado la presidenta madrileña, quien ha criticado “la utilización de las instituciones, que son de todos los españoles, por parte del Gobierno y de su presidente”.
Además, Díaz Ayuso ha subrayado que no se puede “utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político”, porque son instituciones de todos los españoles y ha incidido en que “estas prácticas no pueden consentirse”. Según ha señalado, “han dado la vuelta al mundo, como hemos visto en estos días y para ello animo a ver la prensa internacional”.
Críticas al decreto sobre universidades
En su intervención, Ayuso también ha dirigido reproches al Gobierno central por el decreto que endurece las condiciones para la creación de universidades, una normativa que el Ejecutivo madrileño ha recurrido ante el Tribunal Supremo. La presidenta ha calificado el texto como “un ataque contra la libertad de empresa, de cátedra, contra las iniciativas sociales y contra la libertad educativa que afortunadamente recoge nuestra Constitución”.
Además, ha considerado que la medida atenta contra la seguridad jurídica, invade competencias autonómicas y “perjudica a regiones que tienen una visión internacional y de apertura como es la Comunidad de Madrid, que atrae a ciudadanos del resto del país y de otros rincones”.
Ayuso ha defendido la pluralidad y la libertad en la Comunidad de Madrid, asegurando que su Gobierno seguirá promoviendo la multiplicación de la oferta educativa “sin enfrentar sectores, porque no están reñidos, por más que lo intenten, lo público con lo privado, ni unos con otros, ni hombres con mujeres, ni entre regiones”.
*Con información de Europa Press
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