Varios opositores para ser Policía Local en Extremadura recusan a un vocal del tribunal por vínculos con dos academias donde se prepararon otros alumnos

La Junta de Extremadura tiene un problema con las oposiciones que ha gestionado para que distintas localidades de la región cuenten con 68 nuevos policías locales. Las pruebas de acceso se realizaron entre el 16 de octubre y el 15 de noviembre. A la primera prueba (un examen tipo test) se presentaron 650 candidatos. A la segunda, un supuesto práctico, los 270 aspirantes que habían pasado la primera. Ahora, 16 de ellos han presentado a la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (ASPEX), dependiente de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, escritos para recusar a uno de los miembros del tribunal que examinó a los futuros agentes.

Las críticas van contra Jesús G. G., uno de los vocales del tribunal calificador que trabaja como inspector en la Policía Local de Badajoz. Este Cuerpo es el principal destino de 22 de las 68 plazas que se ofertan en este proceso selectivo. “Esta circunstancia puede suponer un interés personal y profesional indirecto en la selección de determinados aspirantes frente a otros, al afectar al futuro funcionamiento de la plantilla sobre la que ejerce mando”, señalan en sus escritos estos 16 aspirantes.

Estos entienden que los artículos 23 y 24 de la ‘Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público’ les amparan: Estos regulan los motivos por los que un miembro del tribunal debe abstenerse de participar en él: “tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel”. Además, el vocal recusado mantiene una relación de servicio y jerarquía con otros dos oficiales de la Policía Local de Badajoz que son titulares de academias privadas que preparan de forma específica esta oposición: la Academia Extremadura y la Academia Educo. “Ambos centros tienen un interés directo y evidente en el resultado del proceso selectivo, tanto en términos de prestigio como de captación de futuros alumnos, en función del número de opositores que obtengan plaza”, explican a este diario varios de los aspirantes.

Las sospechas se han extendido en los grupos de Whatsapp y Telegram que comparten muchos de los aspirantes. Los que se han preparado en estas dos academias “dicen que han obtenido resultados extraordinariamente altos en los supuestos prácticos, algo que, unido a la relación de servicio entre los policías que dirigen estos dos centros y uno de los miembros del tribunal refuerza la apariencia de trato de favor indirecto hacia determinados grupos de preparación”, explican los denunciantes. Además, señalan que el vocal recurrido “ha exteriorizado una enemistad manifiesta hacia el responsable de otra academia mediante comentarios despectivos que vinculan negativamente a sus alumnos con respuestas supuestamente erróneas, dañando su imagen profesional”.

Preguntas mal enunciadas

Pero el problema no solo está en este vocal del tribunal. Algunos aspirantes han presentado reclamaciones formales ante la Academia de Seguridad de Extremadura porque en los supuestos prácticos de la prueba del 15 de noviembre hay “errores materiales, ambigüedades y exigencias no ajustadas al temario oficial, afectando a la seguridad jurídica del ejercicio y a la objetividad evaluativa”. En nueve de las preguntas que integran dos de los cinco ejercicios prácticos presentados, “las cuestiones se encuentran formuladas de forma equívoca, con numerosas ambigüedades y cierta capciosidad. Algunas permiten más de una respuesta jurídicamente defendible”.

En la pregunta número 11, por ejemplo, se establecía como correcta la respuesta A. Sin embargo, las reclamaciones presentadas aseguran que dicha respuesta es incorrecta, al contener un error en la calificación de la sanción aplicable a la infracción que se comenta. El examen recoge que la respuesta correcta es una multa de 3.000 euros cuando lo dispuesto en el artículo 59.3 de la ‘Ley 7/2019, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura’ regula que ese tipo de infracciones serán sancionadas con apercibimiento y/o multa comprendida entre los 300 y los 1.000 euros. “En consecuencia, la afirmación contenida en la plantilla no se ajusta a la legalidad vigente”.

Estos candidatos solicitan, en primer lugar, la anulación individual de cada una de las preguntas impugnadas, procediéndose cuando corresponda a la valoración de las preguntas de reserva. Y si se aprecia que el número de cuestiones defectuosas constituye un porcentaje significativo y desnaturalizador del ejercicio, la anulación completa de la prueba práctica. En segundo lugar, que se admita a trámite la recusación de Jesús G. G., como vocal del tribunal calificador y su sustitución por el miembro suplente que corresponda, garantizando así la plena imparcialidad del órgano. Este diario ha intentado conocer qué medidas va a tomar la Consejería de Presidencia e Interior. No ha obtenido respuesta. También se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Badajoz para intentar hablar con el agente que pertenece al tribunal.

Un portavoz de la academia Extremadura quiere dejar claro que “el centro y su profesorado no ha ejercido presión, acción, contacto o similar en el procedimiento de provisión de 68 plazas de agente local para Extremadura. Que el profesorado y la academia no ha criticado ni exteriorizado enemistad manifiesta con el responsable de la otra academia. Y que las manifestaciones y comentarios” que reproducen los opositores que han recusado son “totalmente falsas”.