El PSOE insiste en el entendimiento con Junts y acuerda, junto al PP, acelerar la tramitación de la Ley de multirreincidencia

PSOE, PP y Junts han alcanzado este jueves un acuerdo para introducir una serie de enmiendas destinadas a acelerar la tramitación de la Ley de multirreincidencia, una iniciativa que los posconvergentes venían reclamando desde hace meses y que permanecía pendiente. El pacto se ha cerrado en un contexto de tensiones entre el Gobierno y Junts por los compromisos incumplidos, y ha generado un rechazo inmediato entre Podemos y los demás socios de izquierdas del Ejecutivo. EH Bildu ha calificado el entendimiento de “exótico”, mientras que ERC ha lamentado que, “desgraciadamente”, el PSOE haya llegado a un acuerdo con “todas las derechas del Congreso”. Además de las tres formaciones principales, PNV, UPN y Vox también se han sumado al entendimiento.

La Comisión de Justicia, encargada de ratificar el informe, podría adelantar su reunión a la próxima semana, lo que permitiría agilizar la tramitación de una ley que lleva meses encallada. El pleno de aprobación quedaría previsiblemente fijado para febrero, una vez reanudado el periodo ordinario de sesiones. El pacto sellado entre PSOE, PP y Junts incluye seis enmiendas transaccionales que endurecen las penas para algunos delitos cuando se cometan de forma reiterada, reforzando el enfoque de la reforma del Código Penal impulsada a iniciativa de Junts.

Un acuerdo inesperado con amplio respaldo en la derecha parlamentaria

PSOE y PP han decidido alinearse para dar salida a la proposición de ley presentada el pasado año por Junts con el objetivo de incrementar las penas por multirreincidencia. La propuesta, registrada en marzo de 2024, apelaba a la inseguridad ciudadana y al aumento de la delincuencia en Cataluña. Junts denunciaba entonces una “insuficiente respuesta penal” ante los “hurtos multirreincidentes” y reclamaba un agravamiento de las penas para determinados delitos, así como que la reincidencia fuese considerada un agravante específico.

Durante meses, la iniciativa quedó paralizada por la falta de acuerdo entre los partidos que sostienen la mayoría de la investidura. El bloqueo llegó a tensar la relación entre Junts y el Gobierno hasta el punto de que los posconvergentes anunciaron que retiraban su apoyo al Ejecutivo por los compromisos incumplidos. En paralelo, Pedro Sánchez insistía en que no existían tales incumplimientos, aunque esta semana ha admitido en dos entrevistas que sí hay retrasos en el cumplimiento de lo pactado con el partido de Carles Puigdemont. La reapertura del proyecto legislativo llegó, de hecho, a instancias del PNV, cuando las relaciones entre socialistas y posconvergentes ya estaban seriamente deterioradas.

En la reunión celebrada hoy en la Comisión de Justicia, PSOE, PP y Junts han expresado su respaldo a las enmiendas transaccionales y a algunas modificaciones adicionales, con Sumar y otros socios habituales del Gobierno votando en contra. El PNV también ha mostrado su apoyo al texto. Si el informe supera la votación en comisión, la iniciativa pasará posteriormente al pleno del Congreso.

Junto a esas modificaciones, la comisión ha aprobado otra reforma para endurecer la pena a quienes transporten gasolina destinada al suministro de narcolanchas. Este cambio se incorpora mediante la modificación del artículo 568 del Código Penal.

Reordenación de apoyos en plena tensión política

El acuerdo entre PSOE, PP y Junts no solo reactiva la proposición de ley, sino que altera la dinámica parlamentaria de las últimas semanas. Los posconvergentes lograron que socialistas y populares apoyaran varias modificaciones impulsadas por ellos mismos, al tiempo que el PSOE dio su visto bueno a cambios pactados previamente entre Junts y el PP. Fuentes del partido de Puigdemont aseguran que los socialistas se han comprometido a que la ley llegue a votación en el primer pleno del próximo periodo de sesiones, en febrero.

La novedad más llamativa, según coinciden diversas fuentes parlamentarias, es la alianza “extraña” surgida entre Junts, PSOE y PP después de meses de enfrentamientos entre los dos grandes partidos nacionales. El informe que votará la comisión cuenta además con el respaldo del PNV y de Vox, y con la oposición firme de EH Bildu y Podemos. La previsión es que la ley se vote en el primer pleno posterior al parón navideño, si bien el Congreso podría decidir convocar sesiones extraordinarias en diciembre o a comienzos de año.

El dato publicado por el Ayuntamiento de Barcelona sobre el primer semestre de 2025 —266 personas acumularon 1.700 detenciones en seis meses— ha sido esgrimido por Junts en las últimas semanas para subrayar la urgencia de la norma. La formación sostiene que la multirreincidencia constituye un problema grave en los grandes núcleos urbanos y que requiere una respuesta inmediata del legislador.

“Hay acuerdo exótico, pero hay acuerdo”, ha sintetizado un diputado del bloque de izquierdas tras la reunión de la ponencia, reflejando el desconcierto ante una negociación que ha alineado en un mismo texto a fuerzas tan distantes como PSOE, PP, Junts, PNV, UPN y Vox. El movimiento, subrayan fuentes parlamentarias, tiene implicaciones para la legislatura: el PP permite que avance una ley que Junts considera clave para mantener la estabilidad, mientras demuestra a los posconvergentes que sus votos pueden ser determinantes para aprobar su agenda. Para el PSOE, el pacto supone un gesto significativo dentro del proceso de recomposición de su relación con el partido de Puigdemont.