El Gobierno prevé que la factura de la luz baje hasta un 10% en 2026 por la caída del precio de la energía

El descenso del precio de la energía permitirá ahorrar a hogares y empresas, aunque los cargos y peajes moderarán la reducción del recibo

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El gas barato anticipa que
El gas barato anticipa que enero podría tener una de las facturas de luz más bajas desde 2020. (Canva)

El próximo año, los consumidores españoles podrían tener un respiro en sus facturas eléctricas. Según las estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las facturas finales de luz se reducirán en 2026 entre un 4% y un 10%, dependiendo del tipo de consumidor. Este descenso se atribuye principalmente a la caída del coste de la energía, impulsada por la generación renovable competitiva, a pesar de que los peajes y cargos, componentes fijos de recibo, registrarán algunos incrementos.

Para los hogares que se acogen a la tarifa regulada (PVPC), la disminución se situará en torno al 4,66%. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), con tarifa 3.0 TD, experimentarán un ajuste ligeramente superior, del 4,95%. La industria, por su parte, con tarifas 6.x TD, verá una reducción mayor, del 8,55%, mientras que los consumidores electrointensivos podrían beneficiarse de una rebaja cercana al 9,91%.

El cálculo de estas cifras se basa en los peajes y cargos, que son la parte fija del recibo de la luz. Los peajes, determinados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), subirán aproximadamente un 4% en 2026 respecto a este año. Por su parte, los cargos, que son gestionados por el Ministerio, aumentarán algo más de un 10% en términos absolutos, aunque este porcentaje efectivo se reduce a cerca del 10% debido al incremento de la demanda eléctrica.

Cargos del sistema y caída del precio de la energía, claves para reducir el recibo

En términos económicos, el importe total del coste del sistema eléctrico para 2026 se estima en 8.510 millones de euros. Los ingresos destinados a cubrir estos costes alcanzarán unos 4.453 millones de euros, provenientes principalmente de la legislación fiscal específica y de las subastas de derechos de emisión de CO₂. Así, el total de los cargos netos a financiar por los consumidores será de aproximadamente 4.057 millones de euros.

Dentro de los cargos del sistema eléctrico, destacan partidas como el Recore, la retribución de las renovables históricas, que ascenderá a 5.760 millones de euros en 2026, y la compensación a los sistemas no peninsulares (islas, Ceuta y Melilla), que alcanzarán 841 millones de euros. Estas partidas se financian a través de impuestos específicos, recaudación de las subastas de CO₂ y pagos directos de los consumidores. Por ejemplo, solo por las subastas de CO₂, el Gobierno aportará 1.100 millones de euros, sumados a otros 1.995 millones del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y 709 millones provenientes del superávit 2024-2026.

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La caída prevista en el precio de la energía eléctrica también es un factor clave en la reducción del recibo. El precio promedio de la energía en 2025 ha sido de 64,96 euros por megavatio hora (MWh), mientras que las estimaciones para 2026 lo sitúan en 56,7 euros/MWh, según el mercado OMIP a finales de noviembre. Este descenso refleja el efecto de la generación renovable, cada vez más competitiva, sobre el coste marginal de la electricidad en España.

El alivio en la factura será parcial: peajes y cargos suavizan la reducción

Aunque los consumidores finales notarán la disminución del precio de la energía, es importante recordar que la subida de los cargos y peajes limitará el impacto total en el recibo. Aun así, los hogares y empresas experimentarán un alivio económico frente a los niveles de 2025, que han estado marcados por la volatilidad de los mercados energéticos y el aumento de costes por la transición energética.

El Ministerio ya ha puesto a audiencia pública el proyecto de orden que establece los precios de los cargos y otros costes regulados del sistema eléctrico para 2026, incluyendo el reparto de las cantidades a financiar mediante el bono social. Este trámite permitirá recibir observaciones antes de la aprobación definitiva, un paso clave para garantizar la transparencia en la fijación de los precios que afectarán a millones de consumidores.