Un trabajador muere tras ser atropellado por un camión en Valencia y el conductor se da a la fuga: las consecuencias legales de huir tras un accidente

Un trabajador de 48 años murió la madrugada del 2 de diciembre después de ser atropellado por un camión en la autovía A-7, a la altura de Alginet, en Valencia. El accidente ocurrió sobre las 4.30, cuando el operario realizaba labores para una empresa de señalización en una carretera de intenso tráfico. Fuentes de la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT) confirmaron que, tras el aviso, una dotación del Servicio de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU) llegó rápidamente para atenderle. Los sanitarios lograron inicialmente estabilizarlo y procedieron a su traslado urgente al Hospital La Fe de València.

Los esfuerzos médicos continuaron en el hospital, pero el trabajador no sobrevivió a las lesiones sufridas durante el atropello. Según la información de los servicios de emergencia, la muerte se produjo poco después de su llegada al centro sanitario. En el lugar del suceso, los agentes recopilaron datos fundamentales para la investigación.

Las primeras diligencias apuntan a que el conductor del camión se dio a la fuga tras el atropello. La Guardia Civil desplegó un operativo especial para la identificación del responsable, recogiendo tanto pruebas físicas en la calzada como declaraciones de testigos. Esa huida, sin prestar auxilio a la víctima, constituye el eje de una investigación que busca aclarar las circunstancias del accidente. El abandono del lugar del siniestro añade gravedad al suceso y marca la diferencia respecto a otros casos similares en las carreteras españolas.

Qué dice la ley sobre huir tras un accidente

Darse a la fuga tras un accidente con víctimas tiene consecuencias importantes. El Código Penal establece que abandonar el lugar después de un siniestro, sin que exista riesgo personal ni para terceras personas, puede acarrear penas de prisión de seis meses a cuatro años y la retirada del carnet de conducir entre uno y cuatro años.

Cuando el accidente provoca lesiones graves o fallecimientos, la normativa contempla también la posibilidad de imputar un delito de homicidio imprudente. En estos casos, se sanciona la conducta de quien, aunque no actuó con intención, causó la muerte por imprudencia al volante, y la pena puede ser mayor.

Por otro lado, no prestar auxilio a una persona en situación de peligro constituye el delito de omisión del deber de socorro, regulado en el artículo 195 del Código Penal. Quien no ayuda a una persona desamparada y en riesgo, cuando es posible hacerlo sin peligro propio ni para terceros, puede recibir una multa de tres a doce meses. Esta obligación afecta al conductor implicado y a cualquier persona que presencia el accidente, quienes deben parar en un lugar seguro, avisar al 112, proteger la zona y esperar a los servicios de emergencia.

En el ámbito civil, si se identifica al conductor responsable de la fuga, debe indemnizar a las víctimas o a sus familiares por los daños ocasionados. Si existe póliza de seguro, la compañía puede ejercer el “derecho de repetición” y reclamar las cantidades pagadas en indemnizaciones. Desde la perspectiva administrativa, la Dirección General de Tráfico (DGT) puede sancionar con la retirada de puntos del permiso, la inmovilización del vehículo o la suspensión del carnet de conducir.