
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reiterado que la comercialización de dispositivos de preseñalización V16 sin conexión a su plataforma es legal hasta enero de 2026, en cumplimiento de la decisión adoptada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 2021, que dio la razón a los fabricantes y permitió la venta de estos modelos durante el periodo transitorio. Fuentes del organismo, dirigido por Pere Navarro, precisan que su postura inicial era contraria a estos dispositivos, pero que la sentencia obligó a incorporarlos al mercado hasta la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza conectada.
El recordatorio se produce después de que Facua-Consumidores en Acción haya acusado públicamente a la DGT de estar “favoreciendo un fraude masivo” al permitir que numerosas empresas comercialicen balizas V16 no conectadas utilizando reclamos como “homologada por la DGT” sin advertir de forma clara que dejarán de ser válidas a partir del 1 de enero de 2026. La asociación exige que Tráfico active un “protocolo de alerta pública” para advertir a los conductores de lo que considera un “engaño generalizado”.
Desde el organismo estatal señalan que, “desde el primer momento”, se ha instado a los consumidores a consultar el listado oficial de balizas en la web de la DGT antes de realizar cualquier compra. Aseguran, además, que la página incluye certificados, modelos válidos y documentación precisa de los dispositivos que cumplen los requisitos de conectividad, un elemento esencial a partir de la fecha de implantación obligatoria. En la actualidad, el mercado supera los 200 modelos disponibles entre balizas conectadas y no conectadas.
Facua denuncia un “acto de engaño” y ve falta de reacción por parte de Tráfico
Las críticas de Facua se intensificaron este miércoles en una rueda de prensa en Sevilla, donde su secretario general, Rubén Sánchez, sostuvo que limitarse a remitir a los consumidores a la web oficial “no es suficiente” y reclamó actuaciones directas contra empresas que, según afirma, estarían utilizando de forma ilícita el logotipo de la DGT. A su juicio, es necesario que el organismo actúe contra cualquier reclamo comercial que pueda inducir a error sobre la validez futura de las balizas.

Sánchez asegura que la asociación ha detectado “irregularidades” en la venta de dispositivos que se publicitan como “homologados por la DGT” sin advertir que carecen de conectividad integrada mediante tarjeta SIM, un requisito imprescindible a partir de 2026. “Ningún consumidor adquiere una baliza que dejará de ser útil en apenas meses si esa información se le facilita de forma clara”, afirmó, insistiendo en que se trata de un problema de información esencial omitida en beneficio de fabricantes y distribuidores.
El portavoz de Facua considera que existe una “gravísima pasividad” por parte de la DGT, a la que reprocha no haber lanzado una campaña informativa dirigida a todos los conductores, pese a que la obligación de disponer de una baliza conectada entra en vigor en menos de dos años. “Sorprende sobremanera que Tráfico no haya remitido una comunicación directa aclarando qué dispositivos serán válidos y cuáles no”, apuntó, en referencia a la falta de notificaciones postales o institucionales.
Facua recuerda que las balizas sin conectividad pueden utilizarse únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025 como mecanismo complementario a los triángulos obligatorios, pero insiste en que la falta de claridad comercial vulnera tres normas distintas: la Ley de Competencia Desleal, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el propio Real Decreto 1030/2022, que regula las condiciones de venta durante el periodo transitorio y obliga a garantizar “la máxima transparencia”.
Derecho a devolución y advertencias sobre posibles responsabilidades
La asociación anima a quienes hayan adquirido este año una baliza V16 anunciada como “homologada” a reclamar la devolución del importe si la publicidad no incluía de forma visible que el dispositivo no está conectado con la DGT. A su juicio, la omisión de datos esenciales hace que el consumidor haya podido ser víctima de “un error, una manipulación o un fraude”, y en consecuencia podría exigir responsabilidades tanto al fabricante como al vendedor.
Preguntado por la posibilidad de que un conductor sea multado a partir del 1 de enero de 2026 por utilizar una baliza sin conexión, Sánchez afirmó que “ese es el gran problema”, porque la norma será plenamente exigible y se presupone que el usuario debe conocerla. No obstante, considera que quienes hayan adquirido el producto con información insuficiente “quizás podrían pedir responsabilidades a la empresa que se lo ha vendido”, especialmente si en la publicidad se daba a entender que la baliza era válida tras la entrada en vigor de la nueva regulación.
Facua avisa de que la utilización de reclamos parciales —como el sello de “homologada por la DGT”, empleado antes de la sentencia del Supremo para identificar modelos aptos durante el periodo transitorio— está generando confusión en un momento de máxima demanda, cuando muchos fabricantes tratan de agotar el stock de dispositivos que dejarán de ser útiles en carretera.
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