El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF para aplicar una subida salarial del 11% a los empleados públicos entre 2025 y 2028 tendrá un impacto directo en el bolsillo de los trabajadores estatales antes de que finalice el año. Este pacto, que afecta a más de tres millones de trabajadores del sector público, contempla que el primer incremento, correspondiente a 2025, se abonará de forma retroactiva desde el 1 de enero de este año. La subida inicial será del 2,5% y se reflejará en la nómina de diciembre, junto con los atrasos acumulados desde enero.
El desembolso de este incremento se realizará sobre el salario base que los funcionarios tengan a 31 de diciembre de 2024 y se aplicará a las 14 pagas anuales, es decir, las 12 ordinarias y las dos extraordinarias. De este modo, los empleados públicos recibirán en diciembre un ingreso adicional que incluirá tanto la subida mensual como los atrasos correspondientes a los meses previos del año. En caso de que la Administración no pueda efectuar el pago en diciembre por motivos técnicos o administrativos, este se realizará en la primera nómina posible.
El coste total de esta medida para las arcas públicas se estima en unos 22.000 millones de euros en el periodo 2025-2028, según fuentes del Ejecutivo. El acuerdo, firmado también por CCOO, busca no solo compensar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios, sino también introducir reformas estructurales, como la eliminación de la tasa de reposición, que permitirá reforzar las plantillas en función de las necesidades reales de servicio.
Cómo será la subida salarial de los funcionarios
La subida salarial se desglosa en un 2,5% para 2025, un 2% para 2026, un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028. Para 2026, el incremento será del 2% sobre el salario ya incrementado en 2025, con una parte fija del 1,5% y una variable del 0,5% adicional que se abonará en el primer trimestre de 2027 si la inflación supera el 1,5% previsto. El resto de los años, los aumentos serán exclusivamente fijos.
En términos prácticos, un funcionario con un sueldo base de 861,46 euros brutos mensuales, dos trienios (57,18 euros), un complemento de destino de 400 euros y un complemento específico de 500 euros, verá incrementada su nómina en 45,45 euros al mes tras aplicar el 2,5% de subida a las 14 pagas, lo que supone un total de 636,60 euros anuales. Para el conjunto de los empleados públicos, tomando como referencia el salario medio de 38.787 euros brutos anuales en 2024, según la Encuesta de Población Activa del INE, la subida mensual será de 69,25 euros, lo que equivale a 969 euros anuales.
El acuerdo también contempla diferencias según el grupo profesional. Los funcionarios del grupo A1, con un salario medio de 48.606 euros anuales, experimentarán un incremento medio de 154 euros mensuales al final del periodo, y en los tramos más altos de ingresos, la subida podría alcanzar los 220 euros mensuales en 2026. Para el grupo A2, con un sueldo medio de 38.023 euros, la mejora mensual será de unos 120 euros, mientras que en el grupo C1, con una media de 27.994 euros, el aumento será de 89 euros mensuales, acumulando una subida total de 3.202 euros anuales en 2028.
Otras medidas acordadas en favor de los funcionarios
El abono de la subida correspondiente a 2025 se realizará de oficio en la nómina de diciembre para aquellos empleados que no hayan cambiado de destino. Si el trabajador ha cambiado de Administración o ha cesado, deberá solicitar el pago al órgano competente. En caso de fallecimiento, los herederos podrán reclamar los atrasos. El acuerdo también prevé la revisión al alza en 2026 de las indemnizaciones por razón de servicio, así como de los complementos de residencia e insularidad, incorporando criterios de igualdad entre empleados y empleadas públicas.
Entre las medidas acordadas figura la eliminación de la tasa de reposición, que hasta ahora limitaba la oferta de nuevas plazas en función de las jubilaciones o bajas. A partir de ahora, las administraciones podrán convocar plazas según sus necesidades reales, lo que permitirá reforzar plantillas y reducir la temporalidad. Además, se agilizarán los procesos selectivos para cubrir vacantes con mayor rapidez, una medida que busca modernizar la función pública y facilitar el relevo generacional.
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