“Si hubiésemos sabido lo que estábamos firmando, nadie en su sano juicio lo habría hecho”: la batalla de los afectados por hipotecas IRPH para probar su abusividad

La utilización del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) por parte de distintas entidades financieras en España ha dejado a miles de familias pagando durante años préstamos con cláusulas abusivas y cuotas mensuales casi imposibles de afrontar. Gracias a años de lucha en los tribunales, la Justicia europea sentó las bases legales para considerar nulos la gran mayoría de préstamos de este tipo por falta de transparencia. Sin embargo, este mes de noviembre el Supremo ha sentenciado que cada uno de los afectados deberá demostrar individualmente en juicio que no se le trasladó la información completa en el momento de firmar la hipoteca, en un fallo que abogados y plataformas de perjudicados han interpretado como un paso atrás en derechos del consumidor.

La historia de Tatiana, una de las numerosas personas afectadas por el IRPH en España, resuena entre los atrapados por este controversial índice hipotecario. Tras una larga batalla legal por demostrar la abusividad de su préstamo, ha logrado que un tribunal le dé la razón, pero esto no ha supuesto ningún cambio real en su situación personal. “Seguimos pagando una deuda muy alta, y no conseguimos que el banco nos cambie el tipo ni que nos devuelvan el dinero que nos tienen que devolver”, recalca.

Cuando Tatiana rememora el inicio de su relación con el IRPH, mucho antes de comprender la complejidad y los riesgos asociados a este tipo de interés hipotecario, lo hace con clara resignación. Con apenas 18 años, tanto ella como su pareja en ese momento desconocían lo que implicaba firmar un préstamo de este tipo. Sobre el debate en torno a la transparencia en la comercialización de estas hipotecas, Tatiana es contundente: “Si en ese momento hubiésemos sabido lo que estábamos firmando, nadie en su sano juicio lo habría hecho. Nadie”.

Jóvenes, migrantes y trabajadores de bajos recursos: el perfil del afectado

El abogado José Montero, especialista en litigios hipotecarios relacionados con este índice, califica en declaraciones a Infobae España como una “trampa extremadamente diabólica” la obligación de analizar la comercialización caso por caso tras años en los que los jueces han complicado el proceso de investigación impidiendo recoger testimonios de empleados de bancos. “La mayoría de los procedimientos quedaban bloqueados y solo una mínima parte de los afectados lograba recuperar su dinero”, destaca.

El abogado, pionero en obtener las primeras sentencias favorables en esta materia con su despacho Montero de Cisneros, explica que muchas familias firmaron cuando otros bancos les rechazaban la solicitud por sus perfiles de mayor riesgo, especialmente migrantes o trabajadores con escasa seguridad laboral. “El Banco Santander, en conjunción con BNP Paribas, creó una marca blanca llamada UCI especialmente para dar hipotecas con IRPH a personas mucho más vulnerables”, añade. Estos perfiles son, además, los que más dificultades encuentran en el proceso de reclamación.

“Éramos muy jóvenes, estábamos buscando una hipoteca que pudiésemos pagar y encontramos esta, que en aquel entonces no sabíamos qué era”, cuenta Tatiana sobre su caso. “Pensábamos que, como cualquier otra, sería una hipoteca normal. Pero empezó a subir tanto que se llevaba más de un sueldo y medio cada mes”, asegura.

“En aquel momento nos fiábamos totalmente de los asesores que contratamos. En realidad, estaban también metidos en el ajo junto con los notarios. No vimos que era un engaño”, explica Tatiana. “He hablado con personas que trabajan en bancos y saben que estaban estafando. Estaban compinchados con los asesores, con el banco y con todo Dios”, asegura. Para ella, el principal problema fue la falta de información: “No nos explicaron absolutamente nada. Ni cómo se calcula el IRPH, ni los riesgos que tenía, ni qué alternativas había”.

Los tribunales rechazan una solución colectiva

En conversación con este medio, Montero explica que el IRPH se incluyó en préstamos de entidades como Unicaja, Kutxabank, y UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), argumentando falsamente ante los clientes que se trataba de un índice más estable y sin explicar que genera intereses más altos que una hipoteca tradicional. Según sus estimaciones, quienes contrajeron una hipoteca bajo estas condiciones llegan a abonar “300 o 400 euros más al mes, en promedio, que con otras fórmulas”.

El letrado indica que la media de lo reclamado por los afectados ronda los 50.000 euros, muy por encima de los importes típicos en procesos como el de la “cláusula suelo”, lo que a su juicio explica la resistencia del sector bancario y de los tribunales superiores a una reparación generalizada.

Marce García, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en País Vasco, coincide con esta interpretación. “El Tribunal ha tenido muy en cuenta que aquí había en juego una cantidad muy importante de dinero. Se habla de 40 mil millones, cerca de un millón de afectados o más. Todo eso ha pesado en la decisión”, explica a Infobae España. El Supremo, explica García, ha justificado su decisión en que el IRPH “era un índice oficial que estaba publicado por el Banco de España”, lo que ha servido de base para no dar una solución global para todos los casos.

Un éxito judicial sin consecuencias reales

En el caso de Tatiana, tras años de litigio, ni el respaldo de un juez ha logrado poner fin a su calvario. “Hemos estado muchísimos años hasta que ha salido esa sentencia”, relata. En julio de 2020, el Juzgado de Primera Instancia nº 11 bis de Bilbao declaró la nulidad del IRPH en su préstamo, ordenando a la UCI la sustitución del índice por Euríbor + 0,25% y la devolución de las cantidades cobradas de más, aunque hay discrepancias sobre esta cifra.

“Finalmente, el juzgado resolvió dando validez al dictamen de la perito judicial, que de forma sorprendente se asemeja mucho al del banco”, destacan desde Montero de Cisneros. La cifra total de las cantidades a devolver calculada por el perito, de 72.887,39 euros, dista de los 129.727,67 que estima el despacho. Sin embargo, esta noticia no se ha materializado en la realidad de Tatiana, que no ha recibido el abono de ninguna cantidad de intereses y aún paga su préstamo ligado al IRPH. “El fallo salió hace cinco años y no hay manera de hacerlo efectivo, estamos en el mismo punto que al principio”, enfatiza.

Durante este proceso, la realidad financiera de Tatiana se ha visto deteriorada. “Pedimos un préstamo de 250.000 euros. Han pasado 20 años y el capital que se ha amortizado de todo ese dinero son 50.000 euros”, explica. La vivienda, un pequeño piso de 50 metros construida en los años 60, se ha convertido en una carga imposible de vender sin perder más dinero. Tatiana vive con sus dos hijos mellizos y su madre, cuya pensión de jubilación ayuda a sostener la economía familiar. La cuota hipotecaria de unos 1.200 euros, que duplica la que correspondería tras la sentencia, asfixia los recursos del hogar.

Todavía hay camino que recorrer en los juzgados

Durante años, el desconocimiento y la presión económica marcaron el día a día de Tatiana. “Pensábamos que era así, que había que sacrificarse tantísimo para poder tener un piso, porque no había otra opción”, confiesa. No sería hasta tiempo después, comentando la situación con conocidos y comparando con otras hipotecas, cuando Tatiana comprendería la magnitud del problema. “La realidad es que no podíamos casi ni salir de casa a cuenta de pagar el préstamo”, recuerda, “yo tenía que tener dos trabajos porque con uno solo no me llegaba. Entraba a trabajar a las siete de la mañana, salía a las once de la noche”. Montero también advierte de que las consecuencias de esta situación no solo son económicas, sino también personales y sociales: “El 37% por ciento de mis clientes afectados por IRPH han desarrollado un cáncer”.

“Te das cuenta de que lo único que has hecho es arruinarte la vida para siempre, porque no puedes hacer frente a lo que te han impuesto”, recalca. “Llega un momento en el que dices: no puedo estar hundida pensando en esto, que sea lo primero que piense cuando me levanto y lo último cuando me voy a dormir”, confiesa.

Frente a esta resignación, varias organizaciones sociales animan a los afectados a la acción colectiva. Desde la PAH reconocen que la última sentencia del Tribunal Supremo complica notablemente el procedimeinto, pero insiste en que la vía judicial no ha quedado completamente cerrada.

García explica que aún queda recorrido en los tribunales europeos, ya que entre los abogados que acompañan a los afectados “se está pensando en presentar cuestiones prejudiciales, así que el tema no ha terminado”. Plantea que seguramente el caso “volverá otra vez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea” y estima que la clave estará en “probar que Kutxabank y otros bancos que utilizaron este índice lo comercializaron de forma poco transparente”.

El portavoz de la PAH insiste en que la plataforma cree que es solo cuestión de tiempo lograr revertir la situación: “Pensamos que acabarán dándonos la razón. Sabemos perfectamente que la comercialización fue poco clara, fue poco transparente y yo creo que se conseguirá probar en el futuro”. “Por lo menos con el tema del IRPH, recomiendo esperar a que la situación se aclare un poco más”, sugiere a los afectados, abriendo la puerta a futuros avances en la defensa de sus derechos.